Dos presidentes valencianos de Adif declararán como imputados por el accidente de Santiago

El juez también investiga la implicación de cinco técnicos responsables de garantizar la seguridad en la circulación

12.09.2013 | 01:23
Enrique Verdeguer (2012-2013).
Enrique Verdeguer (2012-2013).

El juez Luis Aláez que investiga el accidente de tren de Santiago de Compostela en el que murieron 79 personas ha citado a declarar, como imputados, a los tres presidentes que ha tenido Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) desde que se inauguró la línea Ourense-Santiago, a los miembros del consejo de administración y a los técnicos responsables de la seguridad en la circulación desde el 11 de diciembre de 2011. Una decisión que contrasta con lo sucedido en la investigación del accidente del metro de Valencia donde no se citó a declarar a ningún responsable técnico o político de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ya que la jueza consideró que el único culpable del siniestro fue el maquinista, uno de los 43 fallecidos el 3 de julio de 2006. Los directivos de FGV sólo declararon en la comisión de investigación amañada de las Corts, a la que acudieron con las respuestas preparadas y coordinadas con las de los comparecientes del PP y de la Conselleria de Infraestructuras.
En el caso de Santiago, se da la circunstancia, de que dos de los presidentes de Adif citados a declarar son valencianos. El actual responsable de Adif es el alicantino Gonzalo Ferre, licenciado en derecho e interventor del Estado, quien llegó a la presidencia de Adif el 18 de enero de 2013, en sustitución del también valenciano, Enrique Verdeguer, economista y ex conseller de Economia en la Generalitat Valenciana, que apenas estuvo un año en el cargo. Verdeguer sustituyó al economista e ingeniero técnico industrial, Antonio González, que presidió Adif desde 2004 hasta enero de 2012.
El juez Aláez también ha citado a declarar a cinco técnicos de Adif, «como imputados, porque pueden considerarse como potenciales autores de delito imprudente de resultados mortales y lesivos», entre los que se encuentran el actual director de seguridad en la circulación de Adif, el gerente, jefe de inspección y dos inspectores del área de seguridad en la circulación noroeste». Adif también deberá identificar a las personas que desempeñaron estos cargos desde el 11 de diciembre de 2011, ya que el juez también tiene la intención de imputarlos. El magistrado considera que todos estos responsables políticos y técnicos de la seguridad en la circulación en la línea Ourense-Santiago podrían haber cometido un delito imprudente al «permitir la circulación de trenes por un tramo de línea carente de las medidas de seguridad suficientes para mantener el peligro para la vida e integridad de sus usuarios dentro de los límites tolerados». Todos, según el juez Aláez, podrían haber cometido el delito de imprudencia «por omisión» al no establecer un «mecanismo de seguridad que evitase el descarrilamiento de un tren». Una omisión de medidas de seguridad que, a juicio del magistrado, «conlleva la infracción de un deber objetivo de cuidado que supone la puesta en peligro de la vida e integridad física, finalmente lesionados al producirse el descarrilamiento el 24 de julio».
De hecho, al juez le «sorprende que el propio Adif señale como un pilar básico de la seguridad en la circulación "el conocimiento de la línea" por parte del maquinista y el "cumplimiento de las velocidades máximas autorizadas"» y que «considere el "error humano" como un "aspecto importante" a considerar, pero que en este caso haya omitido cualquier tipo de respuesta del sistema [ferroviario] ante el previsible fallo humano». De hecho, constata que en la curva del accidente de Santiago (como en la de Valencia) «se deja exclusivamente en manos del maquinista la reducción de velocidad de 200 a 80 kilómetros por hora, confiando en que conoce la vía y el punto kilométrico donde debe circular a una velocidad reducida, sin advertencia previa alguna para solventar un posible desliz del maquinista». Por ello, para el instructor que investiga las muertes de los 79 viajeros del Alvia «los órganos directivos y gestores (directos o indirectos)» de Adif «debían velar por el cumplimiento diligente de la seguridad en la circulación» en un trayecto como el de Ourense-Santiago que el juez considera, «una polémica o controvertida línea de alta velocidad con trayectos que imponen bruscos cambios de velocidad», regulada por un sistema de seguridad, el ASFA, «sin respuesta de seguridad ante el fallo humano». Una «situación de riesgo» que podría haberse evitado con «medidas elementales (balizas de frenado, señalización visual o sonora previa), que no exigen un pormenorizado conocimiento de la situación, ni un especial conocimiento técnico para quienes se mueven en el sector». Por ello, considera que «las muertes y lesiones del Alvia son imputables» a los responsables políticos y técnicos de Adif porque podían haber impedido la «fuente de peligro» y no lo hicieron.

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