´No hay perjuicio porque los presupuestos los hace el Gobierno sin atender a disposiciones´

Posada accede a retrasar el debate de la cláusula inversora como pedía el Consell aunque permite a la oposición poner en solfa al presidente Los diputados del PPCV se resistieron a dar la cara por Fabra Gerardo Camps tuvo que defender la posición del partido

11.09.2013 | 00:55
´No hay perjuicio porque los presupuestos los hace el Gobierno sin atender a disposiciones´
´No hay perjuicio porque los presupuestos los hace el Gobierno sin atender a disposiciones´

Dos años después de pasar a un segundo plano político, tras dejar la vicepresidencia económica del Consell, el diputado nacional Gerardo Camps tuvo que salir a la palestra a torear el miura del aplazamiento improvisado de la reforma del Estatut. Tuvo apenas dos horas para preparar una intervención que gustó a la bancada popular y que enardeció los ánimos de las filas de la oposición por un remate de su intervención que desde el PSPV tildaron de cinismo. Camps quitó importancia a la cláusula inversora para negar el "perjuicio" que, según la oposición, iba acarrear que no se activara ya con la vista puesta en los próximos presupuestos generales del Estado. "No supone ningún perjuicio a los valencianos. Es el Gobierno quien aprueba los presupuestos y lo hace sin tener en cuenta ninguna disposición", sentenció tras recordar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la cláusula inversora de Cataluña. La declaración resulta chocante dado que en su día el Consell del que él formaba parte la vendió como la solución a la discriminación presupuestaria a la Comunitat Valenciana. Pero el exconseller de Economía arreó también a la oposición a la que tildó de "incoherente" y, en especial a los socialistas, por no haberse quejado cuando el debate fue pospuesto las dos veces anteriores. Además, insistió en que sólo se trataba de un aplazamiento "lógico" adoptado por decisión del parlamento valenciano y que suponía ahorro porque se iba aunar su tramitación a la reforma para reducir diputados, lo que evitaría dos referendos. "Las Corts han pedido el aplazamiento por razones de lógica aplastante y economía; aunque ya sabemos que lógica y socialismo son dos conceptos antagónicos". Gerardo Camps también incidió en la falta de respuesta del PSPV sobre la propuesta de reducir diputados. "¿Qué piensa usted?", le planteó a Puig. j. R./f. a.valencia

El PPCV insistió ayer en la cláusula inversora se tramitaría conjuntamente con la propuesta de reducción del número de diputados de las Corts de 99 a 79. Sin embargo, el supuesto anteproyecto de ley aprobado por el pleno del Consell a finales de julio es, hoy por hoy, un misterio para la oposición. El PSPV no conoce el contenido del acuerdo del Consell, sólo las referencias que sobre este asunto le ha dado a lo largo del año el conseller de Gobernación, Serafín Castellano. Tampoco el texto ha llegado al Consell Jurídic Consultiu, que teóricamente tendría que dictaminarlo. El Consell presentó la propuesta como un acuerdo -sólo posteriormente se ha habló de anteproyecto- el día en que Fabra compareció en rueda de prensa ante los periodistas para hacer balance de su gestión antes de las vacaciones de agosto. En todo caso, la idea, anunciada hace un año por Fabra necesita los votos del PSPV para poder tramitarse. j.r./f.a.valencia


El PP utilizó ayer su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para concederle al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, su petición de aplazar el debate sobre la cláusula estatutaria que blinda las inversiones del Estado en la Comunitat Valenciana. Pero no le ahorró los abucheos de la oposición ante una maniobra -improvisada tras el veto del Gobierno a la reforma del Estatuto- que, al contrario de lo que deseaba el Consell, no se consumó por una discreta puerta trasera. Finalmente, el asunto del orden del día se dirimió con luces, micrófonos y cámaras. El presidente del Congreso, Jesús Posada, permitió a los populares valencianos retrasar por tercera vez el peliagudo debate y ahorrarle a Fabra que su partido tumbara la propuesta, pero ofreció a la oposición la oportunidad de fijar su posición durante el pleno. A las 16 horas y durante quince minutos -tres minutos por representante de cada grupo- la Cámara baja se convirtió en una caja de resonancia de la debilidad de Fabra y su imposibilidad de convencer a Madrid para dar curso a una disposición adicional que, sobre el papel, obliga al Estado a garantizar que la inversión en la Comunitat Valenciana sea proporcional al peso de la población.
Tal como había anunciado el día anterior el PPCV, la junta de síndics de las Corts aprobó a primera hora remitir el escrito del Consell a Madrid en el que se solicitaba aplazar el debate con la excusa de que existía otra reforma estatutaria en marcha, la de la reducción de diputados. A las 10.42 horas, el presidente de las Corts, Juan Cotino, remitió por fax el escrito a Posada, quien, a su vez, a las 11 horas presidía su propia Junta de Portavoces. Pero a Madrid no sólo llegó la petición del Consell, también un documento suscrito por los tres grupos de la oposición en el que se advertía a Posada de una posible ilegalidad si se aceptaba esta solicitud. Los portavoces del PSPV, Compromís y EU apuntaban en el escrito que ni había acuerdo del Consell ni amparo reglamentario para que el PPCV "suplantara" la voluntad del pleno. Además, se avisaba de que, a su entender, la tramitación de la reforma estatutaria no podía paralizarse en Madrid de manera unilateral. Posada, que según algunas fuentes arrastraba ya malestar con el PP valenciano al ser la tercera vez que se pedía el aplazamiento, tuvo que demandar auxilio jurídico, según él mismo confesó durante el pleno. El embrollo situó al presidente del Congreso en una difícil tesitura. Además de las dudas legales, aceptar la petición del Consell sin más lo ponía en el disparadero a ojos de la oposición por supuesto partidismo. El propio Posada llegó a trasladar a un diputado su malestar con sus compañeros de partido en Valencia por la gestión errática de este asunto. Al final, adoptó una decisión salomónica: aceptar el aplazamiento sin permitir que el cambio en el orden del día se votara en el pleno, pero concediendo a la oposición el derecho al pataleo en el pleno. La decisión de Posada supuso otro revés para el PPCV que, a las 12 horas, estaba convencido de que el conflicto se zanjaría de la manera más discreta posible.

Intención de abstenerse
De hecho, según las fuentes consultadas, la dirección del grupo parlamentario valenciano había estado en contacto con sus homólogos en Madrid y, en teoría, estaba pactado que no habría debate. Durante unas horas, sin embargo, la confusión se apoderó de la escena. El portavoz del grupo popular en el Congreso, Alfonso Alonso, informó del aplazamiento, pero apuntó que se solventaría en un minidebate en el pleno. Las alarmas saltaron en el PPCV, ya que obligaba a los diputados valencianos en Madrid a retratarse. Durante una hora se vivieron momentos de zozobra, ya que la decisión de Posada pilló al PP también con el pie cambiado y sin ningún diputado valenciano que quisiera asumir la defensa de la posición del Consell. Según varias fuentes, algunos incluso amenazaron con la abstención si finalmente se votaba el archivo provisional del punto del orden del día.
Finalmente, el exvicepresidente del Consell y diputado nacional Gerardo Camps tuvo que asumir el trago y defender en la tribuna la marcha atrás en la reforma estatutaria. Se da la circunstancia de que el propio Gerardo Camps fue quien, en su día, y como miembro del Consell de Francisco Camps, presentó la disposición adicional como un pulso al Gobierno de Rodríguez Zapatero para obligarle a aumentar las inversiones al Estado igualando la Comunitat Valenciana a Cataluña y Andalucía, que poseen una cláusula similar. Pese a esta mochila, en el PPCV se consideró que -descartada la opción de Esteban González Pons, que se encuentra de viaje fuera de España- el exconseller de Economía, un parlamentario con oficio era la persona idónea para contrarrestar el chaparrón de la oposición. La petición, según fuentes del Congreso, se la hizo expresamente Alonso con apenas dos horas de margen. Por la mañana, en la reunión del grupo, Alonso ya avisó a sus diputados de que el aplazamiento era controvertido y que era conveniente que todos estuvieran en su escaño por si acaso. Así las cosas, a las 16 horas, comenzó el pleno con prácticamente toda la bancada popular ocupada. El cabreo en Madrid por la torpeza del PPCV a la hora de gestionar este asunto la dejó en evidencia el propio Jesús Posada, quien admitió que ni el reglamento ni la práctica parlamentaria le obligaba a dar voz a la oposición y que lo hacía por una cuestión "política". En su intervención, los representantes en Madrid del PSPV, Compromís, EU y ERC ahondaron en la debilidad del presidente, mientras que UPyD, contrario a la reforma estatutaria, aprovechó para arrearle a Posada. Una actitud que consideraron poco apropiada la oposición de izquierda. El PNV declinó intervenir y CiU metió cizaña apuntando que habría apoyado la causa valenciana. El debate fue seguido online en la Generalitat y en el PPCV. En privado, la sensación entre los populares valencianos era que Fabra se podía haber ahorrado el escarnio. "Ha fallado el Consell, el grupo parlamentario y la coordinación con Madrid", sentenciaba un dirigente popular. En Valencia, la oposición en bloque pedía la dimisión del presidente Fabra, quien ayer siguió con su agenda institucional sin aludir a la controversia.
Por parte del PPCV, dieron la cara el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, y el portavoz del grupo popular, Jorge Bellver, a quienes desde dentro del partido se apuntan como responsables de la "chapuza". Con todo, ambos se esforzaron hacer de la necesidad virtud y tratar de cambiar el tercio del debate de la reforma para centrarlo en la reducción de diputados y acusar al PSPV de vetar una medida de austeridad que afecta a la clase política. Esa será, a partir de ahora, su hoja de ruta.

La decisión del presidente del Congreso de dar la palabra a la oposición brindó ayer una oportunidad de oro al líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, para reivindicar política y económicamente la necesaria reforma del Estatut como instrumento "para intentar salir de la crisis" y acusar al presidente Alberto Fabra y al PPCV de "romper el consenso estatutario" expresado en las Corts. El PSOE decidió dar todo el protagonismo en ese debate al secretario general del PSPV. Puig tildó de "injusta, ilegítima y antidemocrática" la "decisión unilateral" de los populares de aplazar el debate y votación de una cláusula que permitiría, recordó, recibir 500 millones más de inversión del Estado en la Comunitat Valenciana cada año y crear unos 10.000 empleos. En una autonomía con un "30% de paro, 30% de deuda y 30% de exclusión social" "El levante feliz no existe", proclamó Puig desde la tribuna de oradores para subrayar que con esa iniciativa "pretendíamos intentar salir de esta crisis profunda". El PP pidió el aplazamiento, dijo, "por una única y verdadera razón: para Rajoy, la C. Valenciana no se merece el mismo trato que Aragón, Cataluña, Andalucía o Baleares". La "utilización partidista de las reglas del juego democrático que ha hecho el PP al usurpar en la junta de Portavoces de las Corts la voluntad popular", añadió Puig, responde a la decisión de "dar la espalda a la Comunitat Valenciana y dejarla caer, cosa que en el PSOE no vamos a permitir". Para los populares, Valencia "no es prioritaria", opinó, para sentenciar que el PSPV está convencido de que "sin la recuperación de la Comunitat Valenciana la salida de la crisis será más difícil en todo el país". El líder de los socialistas valencianos considera que el PPCV ha hecho gala de su "oportunismo político y de la hipocresía", dado que aprobó la reforma del Estatut en las Corts durante el mandato de Zapatero pero "no lo puede aprobar en Madrid mientras gobierna Rajoy porque ha decidido utilizar la Comunitat Valenciana solamente para ganar votos jugando al victimismo". f. a./ j. r.valencia

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