El TSJ archiva la querella del caso Taroncher al no hallar indicios de delito en Castellano

La sala considera que la denuncia no justifica los delitos que la Asociación contra la Corrupción imputa al conseller y sugiere a los denunciantes que la presenten en un juzgado ordinario porque hasta ahora la acusación es demasiado genérica

11.09.2013 | 00:37
El conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano.
El conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano.

La sala de lo civil y penal del TSJ ha archivado la querella que la Asociación contra la Corrupción en la Comunitat Valenciana presentó en junio contra el conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, por las adjudicaciones a su amigo José Miguel Pérez Taroncher. El TSJ considera que no hay suficientes indicios de delito contra el conseller y sugiere a los denunciantes que presenten la querella en un juzgado ordinario porque hasta ahora la acusación es muy genérica, como ya apuntó Levante-EMV el 29 de agosto. El TSJ ha archivado la querella sin realizar diligencias de investigación. El colectivo contra la corrupción está fracasando en su intento de inhabilitar en los tribunales al presidente Alberto Fabra y a su número dos, Serafín Castellano. La Fiscalía ya archivó la semana pasada la denuncia contra Alberto Fabra por el nombramiento de dos asesores para dos puestos de trabajo en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castelló.

Los querellantes denunciaron a Castellano, a su mujer, a José Miguel Pérez Taroncher y a su esposa (amigos íntimos del dirigente popular) por las adjudicaciones al empresario. La denuncia archivada mencionaba la existencia de contrataciones irregulares a Construcciones Taroncher por valor de 7 millones. La asociación atribuía en la querella a las dos parejas los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, negociación prohibida y abuso de posición en las adjudicaciones al entender que Castellano desde los diferentes cargos de la Administración favoreció a su amigo. La denuncia destacaba que las dos parejas son copropietarias de dos inmuebles en Llíria de dos hectáreas cada una.
El auto de archivo, firmado por los cinco miembros de la sala, apunta que los denunciantes hacen "una referencia genérica a las contrataciones públicas" durante la etapa de Sanidad de Castellano. La sala advierte de que "no se indican cuales fueron -dados los delitos imputados- las irregularidades administrativas que esas contrataciones pudieran dar lugar para calificarlas de prevaricación. La referencia sin más a que "buena parte de las obras adjudicadas lo han sido a través de contratos menores por importe inferior a 50.000 euros para evitar la convocatoria de concurso" es excesivamente genérica".

Falta de concreción
El TSJ añade que la querella no menciona cuáles fueron los empleados públicos que intervinieron en las contrataciones supuestamente irregulares o si las adjudicaciones pasaron algún tipo de control de fiscalización. El auto incide en que la querella tampoco recoge "las resoluciones que se consideran injustas, elemento esencial del delito de prevaricación, y si realmente fueron dictadas por Castellano". El dictamen advierte que tampoco se concreta la participación del conseller en los otros delitos denunciados.

"Por todo lo anterior, las posibles relaciones de amistad entre los querellados, la mencionada posible copropiedad de algún inmueble rústico comprado en los años 2006 y 2008, la participación de dos querellados -Pérez Taroncher y su esposa- en diferentes contrataciones públicas cuyo detalle se desconoce otorgadas al parecer en las conselleries donde el conseller Castellano ha sido titular [...], no permiten cubrir los parámetros" para imputar los delitos al diputado autonómico y que el TSJ pueda asumir la competencia, sentencia el auto.

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