El president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, defendió ayer el aplazamiento de la reforma del Estatuto para blindar las inversiones del Estado en la a Comunitat Valenciana para ahorrar los 8 millones de euros que, según precisó, costaría convocar el referéndum preceptivo. Fabra rompió su silencio 24 horas después de que el Congreso de los Diputados accediera a la petición del PPCV de posponer el debate sobre la reforma estatutaria. La decisión, adoptada in extremis después de que Fabra intentara sin éxito que el Gobierno levantara el veto a la propuesta, ha puesto en evidencia el discurso reivindicativo del PP y generado un chaparrón de críticas al jefe del Consell por su debilidad ante Madrid. En declaraciones a los periodistas, el jefe del Consell incidió en las razones ofrecidas por el grupo parlamentario popular para solicitar que se aplazara el debate. Básicamente, el PPCV alega que existe en marcha otra propuestas de reforma estatutaria para reducir en 20 el número de diputados y que por una cuestión de ahorro y de lógica es mejor que ambos proyectos se tramiten conjuntamente. La reforma para blindar las inversiones se aprobó hace dos años y está ya en el Congreso; mientras que la relativa a reducir los escaños valencianos no cuenta, al menos de momento, con el consenso suficiente.
Fabra recordó ayer que en la última modificación del Estatuto se estableció que cada «corrección» que se hiciera del mismo, «por mínima» que fuera, precisaría de un referéndum. E informó que el Consell ha hecho ya una valoración económica de lo que supondría organizar ese referéndum: en ocho millones de euros. «Lógicamente, eso en estos momentos no nos lo podemos permitir», apostilló el jefe del Consell. Fabra apuntó que está pendiente la otra reforma, por lo que «no tiene sentido que haya en tramitación dos modificaciones». «Pedimos juntar las dos» porque lo otro supondría un «gasto innecesario» en esos momentos, según Fabra, para quien la Generalitat Valenciana solo busca «la eficiencia; no hay nada más». Según los cálculos del Consell, el referendum para garantizar, al menos sobre el papel, que durante siete años las inversiones del Estado serían proporcionales al peso de la población costaría cuatro veces más que el ahorro previsto con la reducción de escaños. Ahora bien, en teoría la cláusula inversora permitiría que llegaran a la Comunitat Valencianas 500 millones de euros más en inversiones.
El jefe del Consell contestó a las críticas de la oposición: «Aquí no renunciamos a nada, los primeros que queremos defender lo nuestro somos nosotros y eso se hace también todos los días con el Gobierno para conseguir las máximas inversiones». A su juicio, lo ratificado ayer por el Congreso «es de sentido común» y cualquier otro análisis «es hacer una interpretación errónea y politizada».
La oposición mantuvo el tono de las críticas. El secretario general del PSPV, Ximo Puig, advirtió de que el PP en el Congreso de los Diputados, «al dilapidar la posibilidad de aprobar la reforma estatutaria, ha hecho muy difícil que en esta legislatura se vuelva a discutir y aprobar». Con todo, aseveró que los socialistas no van parar en buscar todas las posibilidades para que finalmente se puede llevar adelante la reforma estatutaria, aunque insistió en que el PP ha roto el consenso que hizo posible el Estatut, aunque no aclaró si apoyará o no la reducción de diputados. Puig lamentó que el PPCV «no sea capaz de defender los intereses de esta tierra». El PPCV, sin embargo, en boca del secretario general, Serafín Castellano, aseguró que no da por roto el diálogo.
El coste de la retirada
Por su parte, EU anunció que presentará una resolución en el debate de Política General de Les Corts que se celebrará el 24 i 25 de septiembre en la que pedirá un pronunciamiento favorable de la cámara para que el debate sobre la reforma del Estatuto se celebre en el actual periodo de sesiones. Mientras, la diputada del grupo parlamentario Compromís Mireia Mollà solicitó al conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, que cuantifique la repercusión que tendrá sobre las arcas públicas valencianas el aplazamiento de la votación.
