En una puesta en escena sin precedentes, el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, compareció ayer con todo su equipo para explicar la situación económica y financiera de la Generalitat a propósito del cierre de la Cuenta General de 2012. Un ejercicio para tratar de reforzar las dos patas sobre las que descansa la gestión del Consell: la transparencia (nunca un conseller había explicado una cuenta general) y el saneamiento, en buena parte por imperativo legal, de la Generalitat. La radiografía a 31 de diciembre de 2012 revela que, pese a los esfuerzos y el rescate del Estado (que inyectó por diferentes mecanismos mas 10.000 millones), la situación sigue siendo dramática para una Administración acosada por los impagos y la necesidad de reducir el déficit público.
Según los datos, el Consell tendría que dedicar el importe de tres presupuestos enteros para hacer frente a los gastos comprometidos con cargo a ejercicios futuros. Esta hipoteca, que no incluye el sector público, suma la friolera de 39.000 millones de euros, un 42% más que en 2011. Estos gastos están ya comprometidos los años 2013, 2014, 2015, 2016 y años posteriores; lo que da una idea del lastre que heredó Fabra y la pelota que él dejará a quien le suceda. De la hipoteca total, 23.286 millones corresponden a deuda a largo plazo; mientras que 5.364 son intereses. Cabe recordar que en 2010, el Consell cambio el criterio para calcular los intereses, de manera que sólo tiene en cuenta el vencimiento de cada una de las operaciones vivas al cierre del ejercicio, pese a que éstas se vayan a refinanciar. De haberse mantenido el anterior criterio, la cifra de los 39.000 millones podría duplicarse.
El fuerte aumento de los gastos comprometidos en un ejercicio en el que la contención era obligada se debe precisamente a la ayuda del Estado. Toda la liquidación del ejercicio de 2012 se ve alterada por los 10.834 millones de euros que el Gobierno central aportó a la Generalitat mediante diferentes mecanismos (plan de pago a proveedores, prestamos ICO y Fondo de Liquidez Autonómica) sin los cuales el presidente Fabra habría tenido que cerrar la Generalitat ante la imposibilidad de pagar a proveedores y a los bancos. Sin embargo, el salvavidas del Gobierno al Consell no ha salido gratis. Y todas las grandes cifras de la Cuenta General publicada ayer son un ejemplo. Como consecuencia del rescate, la deuda con acreedores a corto y largo plazo llegaba a 36.603 millones de euros: 17.184 corresponde a deuda a corto plazo y 19.416 se debe a acreedores a largo plazo. En 2011 ya se debía 26.328 millones, el equivalente a dos presupuestos.
El auxilio del Estado permitió en 2012 al Ejecutivo de Alberto Fabra aflorar las facturas en los cajones (obligaciones contraídas pero no incluídas en la contabilidad presupuestaria) e iniciar así el proceso para limpiar las cuentas y poner el contador a cero. La operación tuvo resultados, pero bastante modestos. Así, a 31 de diciembre de 2012 y, según la cifra calculada ayer por los responsables de la conselleria, la deuda de la Generalitat con proveedores alcanzaba todavía la cifra de 4.900 millones de euros. Son, remarcó Moragues, 900 millones de euros menos de lo que se debía al cierre de 2011. Una rebaja que se antoja pequeña teniendo en cuenta que el préstamo solicitado para el pago a proveedores alcanzó los 4.843 millones de euros. El contraste de lo que se ha invertido para reducir los impagos y los resultados obtenidos dan la medida del agujero real que heredó el actual inquilino de la Generalitat.
En realidad, la Cuenta General difundida ayer refleja una cifra superior para el concepto de acreedores presupuestarios. Esta partida asciende a 6.941 millones de euros e incluye la llamada cuenta 409, donde van a parar aquellas facturas reconocidas que carecen de consignación presupuestaria. Esta cuenta, el cajón legal de la Generalitat, nutrida principalmente por facturas sanitarias, ascendía a 31 de diciembre de 2012 a 3.509 millones de euros. Sin embargo, Moragues y su equipo -con el viceinterventor de la Generalitat incluido- se esforzaron en explicar que esta alarmante cifra era engañosa, porque hay que restarle 2.010 millones de euros correspondientes a deuda de la Conselleria de Educación contraída con la empresa Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat (Ciegsa) a raiz de una acuerdo firmado en 2001. Moragues mantuvo que esta deuda será compensada y desaparecerá de esta cuenta. Con todo, aún descontando la deuda de Ciegsa, aún habrían quedado 1.500 millones de euros sin cobertura presupuestaria.
Año tremendamente complicado
Moragues admitió que 2012 había sido un año tremendamente complicado (se cerró con 3,52% de déficit, el mayor registrado en toda España), pero subrayó el hecho de que, gracias al Estado y en una coyuntura totalmente adversa (mercados de deuda cerrados y la recaudación en caída libre), el Consell había sido capaz de hacer pagos por 17.000 millones. No pudo precisar cuando la Generalitat se pondrá al día con los pagos, si bien confío en reducir las deudas al máximo gracias al nuevo plan de proveedores. Exigió, como no, un nuevo modelo de financiación.
