El pleno del Consell aprobó ayer el proyecto de decreto que regulará la evaluación diagnóstica que realiza la Conselleria de Educación desde hace dos cursos a los alumnos de 2º de ESO y 4º de Primaria de todos los centros educativos públicos y concertados. Esta normativa se aplicará en el curso en el que la Conselleria de Educación que dirige Mª José Català, tras 16 años de reiteradas negativas de sus predecesores en el cargo, ha decidido que por primera vez el Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) que elabora la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) examine el nivel de la enseñanza sostenida con fondos públicos en la Comunitat Valenciana.
Las evaluaciones diagnósticas, a las que este curso pasado fueron sometidos casi 100.000 alumnos, miden ocho competencias básicas de los estudiantes. Este año, por primera vez, se iba a permitir a los padres conocer el resultado global de los colegios e institutos en los que pensaban matricular a sus hijos. Sin embargo, la medida no ha resultado efectiva pues aunque las pruebas fueron en mayo y la matrícula antes del verano, los resultados no se van a presentar hasta finales de este septiembre.
El proyecto de decreto aprobado por el Consell impide utilizar estas evaluaciones diagnósticas para realizar clasificaciones de centros. Una limitación que no durará mucho pues la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que el Gobierno del PP planea aprobar antes de Navidad, sí que permite la elaboración de dichos «rankings».
Aunque el decreto justifica el acceso de los padres al resultado de la evaluación en aras de la transparencia, obliga a éstos a que se comprometan por escrito a «mantener la confidencialidad de su contenido» con el fin de impedir las clasificaciones de centros.
Acreditar un «interés legítimo»
Además, el acceso de los padres a los resultados estará limitado a la «acreditación de un interés legítimo». El decreto restringe dicho interés legítimo a aquellos que quieran matricular a sus hijos en el centro en cuestión. Otra limitación más es que deja en manos de cada centro educativo la decisión sobre qué información facilitar a las familias del informe específico que reciba el colegio o instituto con los resultados ponderados en base al contexto sociocultural y económico de su alumnado. Este informe se usará para acometer planes de mejora del éxito escolar.
La nueva regulación no resuelve la duda que pende sobre estas pruebas debido a la falta de una evaluación externa e independiente, ya que son los propios profesores de los centros sometidos a exámen los encargados de corregir los tests.
