Los funcionarios no podrán rehusar traslados a distancias inferiores a 30 kilómetros

El Consell quiere cambiar la ley de función pública para transferir empleados de una conselleria a otra en función de la carga de trabajo

17.09.2013 | 05:30
Protesta de sindicatos en Valencia por el recorte salarial a funcionarios.
Protesta de sindicatos en Valencia por el recorte salarial a funcionarios.

Los tiempos de cambios en las condiciones laborales de los empleados públicos de la Generalitat aún no han terminado. El Ejecutivo valenciano prepara una nueva modificación legal para aumentar la movilidad de sus funcionarios, una medida con la que sobre el papel se busca conseguir una distribución equilibrada de las cargas de trabajo. El Consell busca amparo legal para que los futuros traslados hasta ahora fundamentalmente voluntarios puedan ser obligatorios por razones coyunturales de organización interna. La iniciativa podría suponer un nuevo foco de conflicto entre el personal de la Administración del Consell, que lleva dos años con recortes retributivos.

Según ha podido saber este diario, la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas, que tiene asignadas las competencias en el ámbito de la función pública, tiene ultimada una propuesta normativa para modificar la ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana mediante la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2013. En concreto, se pretende modificar el artículo 112 en el que se regula la adscripción temporal para ampliar los supuestos en los que es factible cambiar de lugar de trabajo al funcionario. La posibilidad de mover al funcionario a otros centros de trabajo estaba regulada, pero de forma muy limitada. Por ejemplo, no era aplicable si el nuevo puesto de trabajo estaba en una localidad distinta. Con los cambios previstos, el funcionario en cuestión sólo podrá rehusar el traslado que implique un cambio de localidad si acredita que «conlleva necesariamente un cambio de residencia o exista una distancia entre ambos destinos de más de 30 kilómetros». En este caso, tendrá carácter voluntario.

Las adscripciones temporales seguirán teniendo un plazo de un año, prorrogable por otro más y, esto es novedad, no podrán ser aplicadas al personal titular u ocupante de puestos de trabajo on rano de subdirección general o jefatura de servicio. Aunque la resolución de traslado debe ser motivada, se deja claro que la decisión que se adopte «será la más adecuada para la organización y prestación del servicio». La movilidad afectará en primer lugar a los interinos. Sólo si con estos traslados no es suficiente para garantizar la adecuada prestación del servicio, se moverá a los funcionarios de carrera, según aparece en la propuesta

La medida, pensada fundamentalmente para los 17.000 empleados públicos (afecta también al personal de entidades autónomas y resto de entes de derecho público) dará al Consell, si finalmente sale adelante, margen de maniobra para ejecutar el plan de distribución de cargas en la Generalitat que el Consell anunció hace aproximadamente un año. Según explicó entonces el portavoz del Consell y vicepresidente José Ciscar el objetivo es redistribuir cargas de trabajo y lograr una Generalitat más eficaz y austera mediante la transferencia de funcionarios entre conselleries o departamentos. El problema es como conciliar el interés del Consell de dotar de mayor agilidad la gestión de su personal con los derechos adquiridos del personal funcionario. Fuentes de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de la UGT consultadas por este diario mostraron sus recelos ante unas medidas que consideran innecesarias.

«En la era de las tecnologías es más fácil mover mil expedientes por la plataforma de internet de la Generalitat que mover a 50 funcionarios», reflexionaba en voz alta el secretario de autonómicas de la FSP-UGT, Gonzalo Fernández, quien lamentó que el citado plan no haya sido consensuado con los sindicatos. En opinión de Fernández, si el objetivo es desatascar servicios, hay mecanismos informáticos suficientes para hacerlo. «Ellos sabrán si el objetivo es otro», añadió, al tiempo que se preguntó en función de qué criterio se moverá a un funcionario y no a otro.

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