La Fiscalía Provincial de Valencia ha basado su petición de reapertura de la causa del metro en tres datos «novedosos» que la jueza que ya investigó el accidente considera que ya «se conocían» o «son insuficientes para reabrir la causa». A continuación Levante-EMV reproduce los argumentos de la jueza con los que despacha la petición de la fiscalía.
«Los descarrilamientos previos de la unidad siniestrada no pueden calificarse de novedosos (...) Aparecieron en diversos medios de comunicación y se incluyeron en recursos de reforma (...) pero no fueron valorados como indicio relevante de la posible existencia de un fallo técnico ni por esta juzgadora, ni pro la Audiencia Provincial ni por el propio Ministerio Fiscal» por lo que «no podrá justificar la reapertura del procedimiento, al no encontrarnos ante un hecho novedoso». FGV ha admitido por primera vez en 2013, en una sede judicial, que la UTA 3736 tuvo tres descarrilamientos (los ocultó al perito y a la jueza en 2006). Pero para la jueza este dato no sirve para reabrir la causa por «el largo tiempo transcurrido desde los descarrilamientos previos hasta la fecha del accidente; el cambio de bogies en la UTA siniestrada en 2003, por lo que eran distintos en 2006 a los que habían descarrilado previamente; por el listado de revisiones de la UTA, en las que no aparecen intervenciones graves» y por los «datos objetivos e incuestionables que figuran en la causa» que ella investigó. Aunque el perito admitió a la fiscalía que hubiese necesitado el historial de descarrilamientos, con un informe detallado de cada uno, la jueza concluye que «no puede colegirse que las conclusiones finales de su informe hubiesen sido diferentes» (...)
Un informe de FGV que reconocía la obsolescencia de las UTA y los problemas técnicos y de mantenimiento que sufrían es «el único dato verdaderamente novedoso, cuya existencia no fue conocida durante la tramitación del procedimiento». Pero la jueza ve «la existencia de este documento insuficiente y no puede justificar la reapertura del procedimiento (...) Ni se refiere a la UTA siniestrada ni a ningún elemento técnico de la misma, ni se puede inferir de su contenido, ni siquiera en grado de mínima sospecha, que en el vuelco de la UTA pudo incidir algún tipo de fallo mecánico».
La fiscalía aseguraba que no se habían valorado los resultados arrojados por el equipo FAP (frenado automático puntual) móvil de la unidad del accidente. Un dato «relevante» para la fiscalía al que la jueza responde con ironía. «Ni qué decir del planteamiento insólito del Ministerio Público respecto del mismo para entender que puede justificar la reapertura del procedimiento. Sigue sorprendiendo el ministerio Fiscal manifestando que los registros FAP no fueron valorados por el perito». La jueza añade que «la posible existencia de una supuesta avería en el freno de la unidad siniestrada 15 días antes del accidente, no aporta dato objetivo alguno».
