El modelo que apadrina Fabra cuestiona el escenario de déficit impuesto por Montoro

La propuesta de los expertos acabaría con el desfase en las autonomías al inyectarles 24.500 millones hasta 2016 mientras el Estado asumiría más déficit al perder 13.500 millones El modelo, de tinte federal, da prioridad a financiar las áreas que gestionan las regiones

18.09.2013 | 05:30
El conseller Moragues y el titular de las Corts, Juan Cotino, el lunes, con los expertos.
El conseller Moragues y el titular de las Corts, Juan Cotino, el lunes, con los expertos.

La propuesta de modelo de financiación autonómica diseñada por la Comisión de Expertos nombrada por las Corts, que el Consell asumió el lunes, da un balón de oxígeno al presidente Alberto Fabra al justificar la quiebra de las cuentas públicas por la infrafinanciación, pero tiene otras implicaciones que apuntan a la línea de flotación del duro régimen de recortes impuesto a las autonomías por el equipo del ministro Cristóbal Montoro. El documento cuestiona el escenario de déficit de las administraciones fijado por Montoro, de forma que, respetando el Programa de Estabilidad 2013-2016, hace descargar un mayor esfuerzo de déficit en el Estado, mientras las autonomías irían más holgadas. La filosofía es sencilla: Si el gasto que hay que garantizar son los servicios públicos fundamentales (Sanidad, Educación y protección social), que gestionan las autonomías, financiémoslo, relegando a un segundo plano el resto, entre el que se encuentran las áreas que maneja el Gobierno. La traducción práctica es una redistribución de fondos que supondría que las regiones recibirían hasta 2016 2,3 puntos adicionales de PIB (24.542 millones) mientras el Estado perdería 1,26 puntos (13.579 millones).

Si se toma como referencia un año, 2014, se aprecia que el plan del Gobierno asigna a las comunidades un déficit del 1,0 %. Sin embargo, con el reparto de recursos planteado en la propuesta de los expertos, éstas tendrían una necesidad de financiación de solo el 0,60 %. Cuatro décimas que, con relación al Programa de Estabilidad, hasta les permitiría desandar parte de los recortes. En cambio, la Administración central pasaría del 3,50 % oficial al 3,64 %. Si quisiera cumplir el plan actual tendría que hacer más ajustes. El argumento de fondo rebate la idea de unas comunidades malgastadoras causantes del déficit y sintoniza con los recursos de Andalucía, Asturias y Cataluña contra el reparto del déficit impuesto por Montoro. Cataluña cuestiona que el Gobierno se ha quedado la parte del león de la flexibilización del déficit aceptada por Bruselas mientras apenas ha ampliado margen a las autonomías. Asturias y Andalucía defienden que, ya que el Gobierno no mejora la financiación de esas competencias básicas, al menos les deje endeudarse más para financiarlas. Los expertos valencianos constatan que las regiones están mal financiadas; de no estarlo, su déficit sería mucho menor.

En el caso valenciano, le supondría recibir anualmente hasta 3.000 millones más. Además, tal como informó en su día Levante-EMV, cifra en 13.449 millones el dinero que ha dejado de ingresar desde 2002 por no tener la misma financiación per cápita que la media, lo que podría haber reducido en un 45,6 % la deuda (29.437 millones).

La redistribución de fondos que hacen los expertos también insuflaría 4,12 puntos de PIB (43.973 millones) a la Seguridad Social hasta 2016. Y ello mientras el Gobierno está planteando un recorte en las pensiones de 33.000 millones hasta 2022 para ahorrar esos recursos a la Seguridad Social. La propuesta disminuiría los fondos de las entidades locales en 5,13 puntos de PIB (54.604 millones) como consecuencia en parte del recorte de competencias de la reforma local.

El diseño es de claro tinte federalista. Prevé la gestión compartida de tributos y no solo pone a las comunidades en pie de igualdad con Madrid en el acceso a los recursos disponibles, que irían a una especie de fondo común, sino que da prioridad a las competencias que gestionan éstas. Incluso de los excedentes, que engrosarían el fondo de reserva de los servicios públicos para protegerlos en años de crisis.

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