«El Gobierno central hace poquísimo caso a los valencianos». Con esta frase resumía ayer el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, los problemas de financiación que atraviesa la Comunitat Valenciana y que en su opinión requieren «una movilización de la sociedad civil» ante el déficit de 1.500 millones de euros anuales que sufre la Comunitat Valenciana.

El dirigente del grupo de presión patronal aseguró que los empresarios están «vigilantes» ante la situación financiera de la Generalitat, pues consideran muy preocupante la deuda de la administración autonómica, una coyuntura «insostenible» y que frena el desarrollo económico dada la falta de inversiones públicas, sobre todo en infraestructuras. Esta reivindicación «debería ser más fácil» con gobiernos central y autonómico del mismo color. Boluda propuso redoblar esfuerzos por conseguir un cambio del sistema de financiación . En su opinión, «todas las autonomías han de prestar los mismos servicios públicos. En la Comunitat Valenciana, gracias a la gestión actual de la Generalitat, es buena y austera», agregó.

AVE, que representa los intereses de un centenar de grandes empresas generadoras del 40 % del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunitat Valenciana y 150.000 empleos, considera necesario una reforma urgente de las administraciones públicas para reducir el gasto.

Respecto al aplazamiento del debate en el Congreso de los Diputados por la reforma del Estatut que blinda inversiones en los Presupuestos del Estado según el peso de la población, tal como contempla la llamada «cláusula Camps», Boluda admitió su disconformidad con el Consell.

El máximo responsable de AVE también aseguró que el debate soberanista en Cataluña debe abordarse con todas las autonomías, «no de manera bilateral», puntualizó. Boluda también reclamó al Consell que apoye una reforma fiscal encaminada a crear empleo e impulsar la constitución de empresas. En materia hídrica, reclamó a las administraciones buscar consensos en los trasvases para solucionar «un asunto no resuelto» y que perjudica a la agricultura.