El secretario general del PSPV, Ximo Puig, mostró ayer viernes su «absoluta confianza» en el vicepresidente segundo de la Mesa de las Corts y exportavoz socialista, Ángel Luna, ante una posible imputación por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Al respecto, argumentó que la investigación del caso tiene lugar en un momento en el que Ángel Luna «no tenía nada que ver con ningún cargo del PSPV ni de ninguna institución» y que intentar equiparar su caso con la corrupción «no tiene sentido».

Puig se expresó así en relación con la petición del Alto Tribunal murciano de la certificación para saber la condición de diputado del PSPV, Ángel Luna, dentro de una investigación sobre un proyecto urbanístico en Cartagena, cuando Luna asesoraba a una empresa en calidad de abogado. De esta manera, el líder de los socialistas valencianos señaló que lo que hay en el caso de Ángel Luna es una «previsible petición de imputación por parte del Fiscal en un asunto de carácter privado en el que no hay ninguna actuación política». Las Corts recibieron ayer viernes por registro de entrada un oficio del TSJ murciano en el que pide que certifique la condición de diputado y, por tanto, aforado, del socialista Ángel Luna.

El secretario general socialista indicó que primero habrá que saber «de qué se le acusa y una vez se sepa, se tomarán las decisiones». Pero, «hay cuestiones que tienen que ver con la actuación política y otras no», remarcó. Por eso,explicó que «lo fundamental, se esté o no imputado» es que las responsabilidades políticas «hay que asumirlas» y recordó que hay casos en las filas populares de imputados para los que el PSPV no está pidiendo la dimisión. Así, se refirió a la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, y su equipo de Gobierno, «imputados porque han gestionado mal una empresa pública»; como tampoco la de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, «a pesar de que tendría que asumir sus responsabilidades políticas».

En su opinión, «es evidente que el PP le tiene muchas ganas a Ángel Luna, y lo que quiere es aprovechar la ocasión para darle» pero «el problema que hay es que el PP no tiene ningún criterio, porque a su exsíndic afael Blasco se le aplica un criterio que a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, no se le aplica». Dijo que el exsíndic del PSPV o cualquier diputado «asumirá» el decálogo socialista contra la corrupción, pero «intentar equiparar una cuestión de carácter privado que, en estos momentos no sabemos qué recorrido va a tener ni de qué se le está acusando, con la corrupción no tiene sentido».