Fernando de Rosa Torner

´Lo que ocurre en un juicio lo conoce el ciudadano a través del periodista´

22.09.2013 | 00:23
Fernando de Rosa, ayer, en el Palacio de Justicia de Valencia.
Fernando de Rosa, ayer, en el Palacio de Justicia de Valencia.

"La sociedad tiene derecho a recibir información directa de lo que sucede en una vista", asegura el vicepresidente del Poder Judicial

Usted estuvo al frente del Poder Judicial tras la época más convulsa que ha sufrido la institución por el caso Dívar. ¿Cómo lo vivió?
Para todos fue una situación muy compleja, personal y profesionalmente. Fue un momento en el que una institución constitucional pasó uno de los momentos más difíciles como es la dimisión del presidente. Lo vivimos con mucha convulsión y preocupación, pero también es verdad que hubo un acuerdo entre todos los vocales para intentar solucionar el problema lo más rápido posible. Desde la dimisión hasta el nombramiento de Gonzalo Moliner pasó un mes en el cual yo estuve interinamente pilotando la transición. Yo estoy satisfecho de esa transición.

¿Cómo se pudo llegar a esa situación tan esperpéntica?
Bueno, un compañero del Consejo puso encima de la mesa una serie de facturas que en principio no estaban debidamente justificadas. El presidente Dívar manifestó que esto no era así y que todo tenía justificación, pero dimitió para no poner a la institución en una situación mucho más compleja. Fue un acto que decidió él y le respetamos.

También han sido polémicas las semanas caribeñas. ¿Usted se ha tomado alguna semana caribeña?
No. Yo he estado trabajando durante toda la semana en Madrid. Yo vivo en Madrid, excepto los fines de semana que tengo mi residencia familiar en Valencia. Yo no sé lo que es la semana caribeña y pudo decir que el resto de mis compañeros del Consejo han trabajado de forma intensa.

Bueno, pero algunos jueces no entendían actos que se colocaban los lunes y viernes en Valencia o en el caso de los vocales gallegos en Galicia y creen que era una manera de justificar el trabajo.
Bueno cuando entramos hubo un acuerdo de todo el Consejo de tener presencia en todos los territorios para reunirnos con los jueces y que nos trasladaran sus problemas. En la época del anterior Consejo oí muchas críticas porque decían que los vocales no habían visto ningún partido judicial. No podemos hacer propuestas sin reunirnos con los afectados. Yo he tenido reuniones los lunes y viernes en Valencia, y también en Murcia donde soy vocal. Lo hacíamos los lunes y viernes para tener días de trabajo en el Consejo. Ahí están las agendas. Trabajar por el Poder Judicial se trabaja en Madrid, Valencia, Santiago o Sevilla.

¿Cómo nos ven los jueces desde Madrid?
Desde Madrid nos ven con preocupación por la situación judicial de la Comunitat Valenciana. No solo porque existan muchos casos de corrupción que están viéndose en el Tribunal Superior de Justicia sino porque hay verdaderos focos de trabajo fuera de lo ordinario. Ahora en el TSJ existe una acumulación, pero esta situación es crónica en la Vega Baja que lleva muchos años con una gran cantidad de asuntos muy graves relacionados con el tráfico de armas, de seres humanos o de drogas vinculados a las mafias. Eso a mí me preocupa mucho. Además de la preocupación por los casos de corrupción que es un problema en el que la sociedad está cada vez más perpleja. Hay lugares como la Vega Baja, la Marina y zonas de Valencia y Castelló en los que los jueces están al límite de sus fuerzas.

El viernes la presidenta del TSJ destacaba el número de casos de corrupción. ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación?
El Consejo hizo un informe que revelaba que el primer lugar lo ocupaba Andalucía, seguida por Cataluña y la Comunitat Valenciana. Aquí en Valencia lo vivimos muy directamente, pero si nos trasladáramos a otras comunidades como Baleares, Cataluña o Galicia también existen. Eso no quita lo que ocurre en Valencia y yo quiero decir a los ciudadanos que aquí hay unos grandes jueces que están haciendo una tarea impecable para luchar contra la corrupción.

Un sector de la Fiscalía cree que la apuesta de trasladar el caso Nóos a Valencia, que además está respaldada por el fiscal general, es una forma de proteger a la infanta Cristina apartando del asunto al juez Castro. ¿Cómo lo ve usted?
Me parece una teoría de ciencia ficción que no se corresponde con la realidad. Hay un informe del fiscal que pide el traslado. No entiendo cómo se puede proteger a la infanta por el hecho de que lo lleve un juez u otro. Lo que hay que determinar es si existen o no indicios contra la infanta. ¿O es qué piensan que los jueces valencianos van a prevaricar? Es injusto que se diga eso de los magistrados valencianos.

Han aparecido imágenes del juez Castro que parecen tomadas por detectives. ¿Cree que hay una persecución contra él?
Yo no sé quien está detrás. De todas maneras, por la actuación del juez Castro creo que si es así pinchan en hueso.

¿Es posible comprar a un jurado?
Bueno, me parecería muy fuerte que un jurado se comprara. No lo sé si se puede comprar a un jurado, pero si eso fuera así estaríamos ante uno de los delitos más graves que pueda existir actualmente. Yo no lo sé, pero la pregunta me sorprende.

Lo digo porque ha habido casos raros.
Pues no lo sé, no lo sé. Si es así supongo que la policía investigaría y terminaría. Es como si me preguntara si se puede comprar a un juez. Pues no sé si se puede comprar a un juez o no.

¿Han tenido algún indicio de compra de algún juez?
No hemos tenido ningún indicio. Yo creo que hay que confiar en los ciudadanos. A un ciudadano le cuesta verse involucrado en un procedimiento como jurado. Los ciudadanos son reacios, pero luego demuestran una alta cualificación.

¿Cómo vivió el juicio de los trajes? ¿Sintió vergüenza de cosas que pasaron dentro de la sala como que un acusado Francisco Camps sacara un libro del santo Job?
Yo viví ese juicio como cualquier otro ciudadano, expectante y siguiendo su desarrollo a través de los medios de comunicación. Hubo un gran juez que lideró el juicio, Juan Climent. Lo hizo impecable. Sobre lo demás, cualquier acusado tiene derecho a realizar cualquier actuación siempre y cuando no ponga en peligro el desarrollo del procedimiento. Lo demás lo veo anecdótico.

Dejando aparte el juicio, ¿echa de menos su relación con Camps?
Son cuestiones personales. Es un tema que afecta a mi privacidad. Yo puedo echar en falta la situación que podía existir con anterioridad, pero yo ahora miro al futuro y no me planteo estas cuestiones.

¿Por qué se distanció?
Ya le digo que eso corresponde a mi privacidad y no le voy a contestar.

Cambiando totalmente de tercio, ¿qué hay que reformar de la Justicia?
Mucho. Hay tres cuestiones en las que hay que entrar de lleno. La primera es una reforma en profundidad de los procedimientos, a los que se les debe dar agilidad. En segundo lugar debe haber un cambio organizativo para que pueda implantarse una nueva demarcación judicial con partidos más solidos y con más medios. Y en tercer lugar ha de existir un cambio en los medios materiales y personales, apostando por una Justicia electrónica.

¿Cómo es posible que un juez impida tomar notas en un juicio a un periodista?
Bueno, yo personalmente siempre he considerado importante y fundamental el derecho a la información. Lo que ocurre en un juicio lo conoce el ciudadano a través del periodista. Nunca se puede limitar salvo en casos en que todo el mundo entiende que tiene que limitarse porque afecta a la imagen o derechos de menores o temas en los que pesa más la intimidad. Pero en supuestos ordinarios es un derecho fundamental del ciudadano a recibir una información directa de lo que está ocurriendo en un juicio. Es un derecho fundamental y constitucional, y solo se pude limitar por casos muy excepcionales. Creo que todos coincidiríamos en cuáles son esas excepciones.

Usted siempre ha sido contrario al copago en la Justicia, ¿están funcionando las tasas?
Yo siempre he sido contrario al copago porque creo que los ciudadanos ya pagamos con nuestros impuestos muchos servicios entre ellos el de la Justicia. Creo que el problema fundamental de esta norma es que en algunos casos las tasas son excesivas, lo que impide acceder al ciudadano al servicio. El Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse.

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