El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, encara el decisivo curso político „con la perspectiva del dictamen de las urnas en las europeas del 25 de mayo„ con el reto de hacerse oír, tanto dentro de su partido, como ante el Gobierno central. La falta de cohesión interna dentro del PPCV y el ninguneo del Ejecutivo de Mariano Rajoy a las reivindicaciones de la Comunitat Valenciana son el talón de Aquiles del jefe del Consell. Esta debilidad se ha acentuado más en los últimos meses, al tiempo que se han alimentado las elucubraciones sobre un posible de relevo en las próximas elecciones de 2015. Nadie en Génova ha heho el mínimo gesto para atajar un debate que apunta a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como un as en la manga para recuperar dentro de dos años el espacio que, según las encuestas, los populares han perdido de forma alarmante. El pasado viernes, 13, los dos representantes de Madrid en la cena de inicio de curso político celebrada en Elx, una convocatoria pensada para ensalzar el liderazgo de Alberto Fabra, evidenciaron el cariño hacia Barberá y el desapego hacia el inquilino del Consell. El vicesecretario general de Estudios y Programas, Esteban González Pons, y el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, no ahorraron elogios hacia la alcaldesa, quien, sin embargo, se encuentra en un apuro político por su implicación en el caso Urdangarín. La pesadilla de los casos judiciales heredados de la etapa Camps, paradójicamente, sería un alivio para Fabra en el caso de que Barberá fuera imputada. La operación Barberá quedaría desactivada. García-Margallo, quien promociona a la consellera de Educación, María José Català, avisó en la cena a Fabra de que las elecciones europeas serán su prueba de fuego ante Génova.

La cita de Elx fue el remate final de una semana horribilis para el titular de la Generalitat que arrancó el bochornoso aplazamiento por tercera vez de la reforma del Estatuto para blindar las inversiones del Estado en función de la población con el fin de equiparar a la Comunitat a Cataluña o Andalucía. Fabra bajó a la arena y negoció directamente con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pero sus gestiones no tuvieron éxito. La imagen de Fabra como un presidente poco reivindicativo la subraya no sólo la oposición, tanto en su partido como en la izquierda, sino los empresarios. Esta semana, el presidente de AVE, Vicente Boluda, criticó la falta de contundencia del Consell en sus demandas ante Madrid.

Las reivindicaciones en materia financiera no son meramente una pose política, sino una cuestión de supervivencia para las arcas autónomcias. La Generalitat sobrevive gracias al rescate del Gobierno central vía FLA y Plan de Pagos a Proveedores „los 10.000 millones procedente del Estado salvaron las cuentas en 2012„ pero sigue habiendo una descomunal deuda con los proveedores (5.000 millones a 31 de diciembre de 2012). Los impagos son un foco de conflicto social permanente, ya que el Consell se dedica a tapar agujeros a la desesperada en el intento de mantener a flote el barco. El deterioro de las finanzas es tal que el debate es ya si la Administración valenciana es viable, a no ser que se modifique el sistema de financiación para, al menos, equiparar a la Comunitat a la medida por habitante del resto de regiones. El Consell admite que con la financiación actual sólo cubre el 80 % de los servicios básicos. El informe de los expertos en financiación nombrados por las Corts conocido esta semana ha certificado el alarmante panorama y ha dado a Fabra la oportunidad de retomar la bandera. Sin embargo, el Gobierno no asume la urgencia del Consell. El Ejecutivo de Rajoy traslada a 2015 la negociación.

Con estos mimbres, el presidente afronta hoy su segundo Debate de Política General en unas Corts en las que casi una quinta parte de la bancada popular está imputada en casos de presunta corrupción. Antes de verano Fabra logró enviar al grupo de no adscritos al exsíndic popular y exconseller, Rafael Blasco, en puertas de sentarse en el banquillo por el caso Cooperación. La contundencia en aplicar un cortafuegos ante la procesión de imputados le ha generado, no obstante, un problema interno considerable y el riesgo del efecto bumerán en caso de haber prosperado alguna de las denuncias presentadas por una asociación tras la que el Consell ve oscuros intereses. Para lo que resta de legislatura, el calendario judicial es endiablado para Fabra.

Más allá de las penalidades en la agenda política de Fabra, lo más grave es que la Comunitat Valencana „la locomotora de España según el argumentario popular en época de Zaplana y Camps„está sumida en una crisis profunda. Los expertos constataron que el PIB, el indicador de riqueza, está a 14 puntos por debajo de la media y al mismo tiempo la tasa de paro (según la EPA) es del 29,06 %, casi tres puntos más que en el conjunto de España (26,26 %). Valencia se eterniza como la comunidad más endeuda en relación al PIB.

Un plan de empleo aún virgen y más transparencia

Justo hace un año, el anuncio estrella del anterior debate de política general,el Plan de Empleo conjunto entre la Generalitat y las administraciones locales para crear 15.000 puestos de trabajo en tres años, sigue virgen. Aunque se han aprobado los planes provinciales y están repartidos entre los municipios los empleos previstos, hoy por hoy no hay todavía un solo contrato que se deba a esta iniciativa. El presidente Fabra ha prometido que el año finalizará con menos paro que el que había y confía en que su proyecto dé frutos a tiempo.

El jefe del Consell también abogó por dotar de mayor transparencia su gestión y ha ido anunciando iniciativas, como la publicidad de los contratos menores de la Generalitat, que nutrieron el caso Gürtel. También ha abierto la mano a la hora de dejar que la oposición acceda a determinados expedientes, una puerta que en la etapa de Zaplana y de Camps estaba totalmente cerrada. Fabra sacará pecho de la austeridad y buscará poner entre las cuerdas a la oposición por no apoyar su propuesta de reducir en 20 el número de diputados, una iniciativa que sabe que cuenta con el favor de la calle. La reducción de los órganos consultivos „una instrucción de Génova„ también está en marcha pero sin apoyo de la oposición y de las propias instituciones estatutarias, que han puesto pegas jurídicas. El adelgazamiento del sector público, pese al coste interno y social de los ERE, es una baza en su discurso de austeridad, si bien el problema de la viabilidad de RTVV puede estallarle si los tribunales tumban el plan de despido de más de mil empleados. Hace un año, el PP no logró un acuerdo unánime por la financiación al supeditar la mejora valenciana al cumplimiento del déficit por parte del Estado. Ahora pide a la oposicón casi un cheque en blanco a su gestión estos años.