Caso Nóos

El TSJ devuelve el caso Nóos a Palma al no hallar indicios de delito en Camps y Barberá

Los cinco miembros de la sala creen que los contratos presuntamente son delictivos pero advierten de que el expresidente y la alcaldesa solo tuvieron reuniones protocolarias o de cortesía con el yerno del rey

25.09.2013 | 05:30
Barberá habla, satisfecha, en las Corts tras conocer el auto que descarta su imputación.
Barberá habla, satisfecha, en las Corts tras conocer el auto que descarta su imputación.

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha rechazado asumir la instrucción del caso Nóos al no hallar indicios de delito en la actuación del ex presidente de la Generalitat Francisco Camps y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Los cinco miembros de la sala creen que sí que existen indicios de que los contratos con el Instituto Nóos pueden ser delictivos, pero advierte de que Camps y Barberá que están aforados porque son diputados autonómicos solo tuvieron reuniones protocolarias o de cortesía con Iñaki Urdangarin. El tribunal destaca que ninguno de los testigos o imputados en la causa cerca de 300 ha acusado a los dos aforados de haberles presionando para que contrataran con el yerno del rey. El fiscal pedía que la causa pasara íntegra a Valencia al entender que el expresidente y la alcaldesa podían haber incurrido en cuatro delitos. La decisión del TSJ deja el caso en el juzgado de Palma de Mallorca de José Castro. La instrucción está prácticamente cerrada con lo que se juzgará en la Audiencia de Palma de Mallorca.

El caso se centra en las presuntas irregularidades que se produjeron en la contratación del Instituto Nóos al frente del que estaba Iñaki Urdangarin para tres ediciones del congreso Valencia Summit y la preparación de los fallidos Juegos Europeos. Nóos percibió de la Generalitat y del Ayuntamiento 1.044.000 euros por cada una de las tres ediciones del Valencia Summit y 382.203 euros por el proyecto de juegos Europeos. El juez Castro llegó a la conclusión de que los proyectos se iniciaron sin absolutamente ningún procedimiento administrativo hasta el punto de que se precindió «del sentido común».

El TSJ coincide con Castro en que los contratos tienen «unos claros indicios delictivos» ya que la negociación de las tres ediciones del Valencia Summit se limitó «a transcribir el borrador de convenio facilitado por el Instituto Nóos a papel con el membrete de Cacsa sin realizar ningún estudio previo sobre su repercusión, trascedencia o valor». La sala lamenta que el resultado fue que el Ayuntamiento y la Generalitat desembolsaron un millón por edición por un servicio «cuyo valor real y utilidad es profundamente discutible».

El TSJ rechaza las tesis de la Fiscalía de que los acuerdos de colaboración se cerraran en las reuniones que Camps y Barberá mantuvieron con Urdangarin y su socio Diego Torres. Los magistrados consideran normal que el expresident y la alcaldesa se reunieran con Urdangarin ya que «al menos en esos momentos, gozaba de gran predicamento social por su relación con la familia real y el mundo del deporte». Los jueces inciden en que es indudable que las reuniones les abrieron algunas puertas a Urdangarin y su socio, pero después pasaron a intervenir «una serie de instituciones y autoridades de suficiente peso como para por sí solas aceptar el proyecto».

El auto insiste en que Torres explicó que le facilitaron una lista de autoridades e instituciones que podrían llevar a cabo el proyecto. y que a algunas les pareció interesante, pero declinaron la oferta por falta de presupuesto. Los magistrados apuntan que Cacsa sí que aceptó la propuesta y que embarcó en el proyecto a la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau. Los jueces subrayan que todos los implicados en las negociaciones han negado haber recibido algún tipo de presión de Camps y Barberá.

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