El Tribunal de Cuentas ha abierto un procedimiento de reintegro por alcance a la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía "como consecuencia de un presunto alcance en los fondos de la Generalitat".
La Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía fue la gestora del reparto de los fondos de cooperación de la Generalitat entre 2008 y 2011, periodo en el que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat investiga la concesión de subvenciones a empresas que en principio carecían de medios y experiencia, y que al parecer desviaban el dinero a otros fines, causa en la que está imputado el exconseller Rafael Blasco.
El Tribunal de Cuentas ha dado un plazo de nueve días para que se personen en este procedimiento la Abogacía de la Generalitat y el Ministerio Fiscal -partes personadas en el proceso penal que se sigue en los tribunales- así como las personas que tendrían que hacer frente a la responsabilidad económica si así se determina.
De esta forma, se ha emplazado también para su personación al exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco; al ex director general de Cooperación Josep Maria Felip, y al exsubsecretario de Cooperación Alexandre Catalá.
Por parte de la Fundación Cultural y de estudios Sociales (CYES), que recibió 1,8 millones de euros de la Generalitat para proyectos en Nicaragua, donde solo llegó el 3 %, se ha emplazado al que fuera su presidente, Marcial López, y al representante legal de esa empresa, que no tiene relación con la constructora del mismo nombre.
El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, ha adelantado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que la Abogacía de la Generalitat se va a personar por esa vía y va a exigir responsabilidad civil a las personas que corresponda si finalmente se acredita una responsabilidad contable.
Císcar ha recordado que el Tribunal de Cuentas tiene competencias para abrir un expedientes en los casos donde puede existir una responsabilidad de tipo contable "por posibles, o presuntas o supuestas actuaciones ilegales".
Un edicto del Tribunal de Cuentas que publica hoy el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana informa de que se sigue un procedimiento de reintegro por alcance a la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía "como consecuencia de un presunto alcance en los fondos de la Generalitat".
El procedimiento por alcance, según la jurisdicción del Tribunal de Cuentas, es uno de los tres procedimientos contables que puede seguir esta institución, y que junto con el juicio de cuentas tiene carácter contencioso.
Se entiende por alcance, según la ley del Tribunal de Cuentas, "el saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deben rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos".
Por otra parte, preguntado por las declaraciones del expresident de la Generalitat Francisco Camps en las que afirmaba que es imposible que en la Generalitat ocurran cosas como las denunciadas en el caso Nóos, ha indicado que si se ha cometido alguna irregularidad que tenga relevancia penal, los tribunales lo dirán.
Ha defendido que el convenio que suscribió la Generalitat con el Instituto Nóos "administrativamente es correcto" y tiene un informe de la Abogacía de la Generalitat, gracias a lo cual ha habido un auto de no imputación de Camps ni de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
