El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y la totalidad de los consellers asistieron ayer a la segunda jornada del debate de política general, la que se dedica a la discusión y votación de las propuestas derivadas del debate del primer día. La presencia del jefe del Consell, que aguantó estoicamente las andanadas de la oposición, no es algo habitual en este tipo de sesiones. El expresidente Francisco Camps -al igual que su predecesor, Eduardo Zaplana- no solía asistir, salvo a última hora, para votar. Por eso la presencia de Fabra contrastó con las sillas habitualmente vacías en la "zona cero" de diputados populares críticos con el presidente o afectados por causas judiciales. En toda la mañana no aparecieron ni Camps, ni las alcaldesas Rita Barberá y Sonia Castedo, ni el presidente de la Diputación, Alfonso Rus. Sí estuvo la exconsellera Milagrosa Martínez. Todos, excepto Castedo, fueron por la tarde a votar. El PP ha redistribuido a los diputados para disimular los huecos en la "zona cero".
La defensa de la hija de Alperi
En el debate, los populares tumbaron las iniciativas de la oposición frente a la corrupción y para dar más transparencia. Ignacio Blanco, de EU, reclamó que se aparte a los imputados de las Corts para que no usen la institución como "escudo ante la Justicia", que se dé transparencia a todos los contratos y que todos los diputados tengan que hacer pública su declaración de la renta. El PSPV también instó a airear el IRPF, después de que Fabra presumiera el martes de haber difundido su renta a través de la web, un gesto que no ha sido secundado por su grupo. La popular Elisa Díaz, hija del diputado e imputado en Brugal, el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, defendió vehementemente la presunción de inocencia de los imputados. "Todas estas personas son inocentes mientras no se demuestre lo contrario", repitió.
El socialista Rafael Rubio acusó al PP de "empeñarse en dejar mal" al presidente al no querer airear el IRPF, algo que ha hecho toda la oposición. Antes, Elisa Díaz había apuntado que ella no tenía "ningún problema personal" en hacer pública su declaración de la renta pero se tenía que "ceñir a lo que por democracia se ha decidido". Aludía a la decisión impuesta por el propio PP para no airear el IRPF. Sobre los sobresueldos de hasta 2.500 euros en el grupo popular, el popular Antonio Lorenzo se limitó a decir que no hay sobresueldos. Y tampoco forma de contrastar esa afirmación.
