La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) denuncia la «discriminación» que sufre la plantilla de empleados públicos dependientes de la Administración General del Estado en la Comunitat Valenciana, con un funcionario por cada 379 ciudadanos.
Según un informe elaborado por el sindicato, la comparación entre los datos del Registro Central de Personal publicados en enero de 2013 con la población de las comunidades autónomas recogida por el INE, la Comunitat «es la más perjudicada entre las comunidades con similares competencias».
CSI·F tilda de «inaceptable» esa ratio de un empleado público por cada 379 valencianos, con un total de 13.514 funcionarios según datos de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, que desciende en otras autonomías hasta uno por cada 196 ciudadanos en Castilla y León; uno por cada 202 en Aragón; uno por cada 250 en Galicia; uno por cada 252 en Cantabria; uno por cada 259 en La Rioja; uno por cada 271 en Extremadura; y uno por cada 276 en Murcia. A continuación se sitúan comunidades autónomas como Canarias, con un empleado público por cada 291 ciudadanos; Asturias, con uno por cada 292 ciudadanos; y Castilla-La Mancha y Baleares, donde la ratio es de un funcionario estatal por cada 318 ciudadanos.
En cuanto a la comparación entre población y empleados públicos del órgano que emana de la fusión del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina, CSI·F reprueba que «la discriminación hacia la Comunitat Valencia sigue siendo evidente», con un empleado público para cada 2.012 ciudadanos. Según las mismas fuentes, esa ratio se sitúa, en Galicia, en un empleado público por cada 1.061 ciudadanos.
