Decía uno de los primeros abogados que defendió a Vicente Vilar en el «caso Fabra» que una de las cuestiones claras del proceso era la culpabilidad de su cliente. No en vano, el empresario de Artana se querelló en 2003 contra el expresidente del PP y la diputación reconociendo haberle pagado comisiones a cambio de las supuestas influencias políticas. Sin embargo, Vilar ha abandonado en el juicio su estrategia kamikaze. En su declaración del jueves sorprendió a todos al cambiar la versión de los hechos y exculpar a Carlos Fabra del cohecho y tráfico de influencias. Una acción con la también se exculpa a sí mismo de estos delitos y que deja a Fabra ante la acusación de cuatro supuestos fraudes fiscales, por los que le piden ocho años de cárcel (del total de 13). Algunas de las partes coinciden en que la declaración de Vilar no responde a un arrebato de sinceridad sino a una estrategia de defensa. El empresario fue condenado a diez años de cárcel por violar a su exmujer, Montserrat Vives, de los que ya ha cumplido seis, por lo que en poco tiempo podría obtener la libertad condicional. Si en el juicio hubiera mantenido su relato inicial de que pagó a Fabra por sus mediaciones, se habría autoinculpado de haber cometido cohecho (soborno), por el que le podría caer una nueva condena de cuatro años.

Sin embargo, Vilar sostiene ahora (el acusado tiene derecho a mentir) que todo fue fruto de un «cabreo» con Fabra porque éste no le apoyó en la denuncia por violación. En contra de lo que manifestó en su día, el jueves negó que el político influyera en los ministerios a favor de Naranjax. Además, dijo que nunca pagó a Fabra por las supuestas mediaciones. Según apuntó, fue su exmujer, Montserrat Vives, la que entregó dinero a la ex de Fabra, María Amparo Fernández.

Con esta nueva versión, Vilar exculpó al expresidente del PP del cohecho y del tráfico de influencias. Y de rebote se autoabsolvió. Si no pagó nada a Fabra y éste no influyó en Madrid no hubo delito. Carece de relevancia que derivara la responsabilidad a las mujeres. En el juicio se dirime si hubo cohecho y tráfico de influencias y la exesposa de Fabra no ha ocupado cargo público.

«Un lío que no se merece»

«No voy a meter a Carlos en un lío que no se merece», proclamó Vilar en el juicio. Es llamativo que lo dijera casi diez años después de presentar las querellas en Nules. Como si el lío no estuviera ya montado. Además, pasó por alto que Fabra no sólo está acusado de cohecho y tráfico de influencias. El fiscal también atribuye a Fabra cuatro posibles delitos contra la Hacienda Pública, por los que le pide ocho años de cárcel, multa de 1.380.000 euros y una indemnización de 693.000 euros. Podría darse la circunstancia de que Vilar saliera indemne en el juicio y Fabra fuera condenado por fraude fiscal. Si en algún momento su móvil fue la venganza, sería un plan perfecto. Habrá que ver si la declaración de Vilar es suficiente para desmontar el relato de las acusaciones, que mantienen que hubo cohecho y tráfico de influencias en las gestiones que hizo Fabra y en los pagos que efectuó Vilar. Es evidente que su tesis ha quedado debilitada después de que el empresario se desdijera.

El abogado de Carlos Fabra, Javier Boix, dejó claro el primer día de juicio que su preocupación principal es el tema fiscal. El cohecho y el tráfico de influencias son más difíciles de demostrar. De ahí que incidiera de nuevo en que los presuntos delitos están prescritos (todos menos un año). Una posición que contrasta con la resolución del Tribunal Supremo, que corrigió a la Audiencia Provincial y reabrió las causas fiscales. Por si esta vía fallara, Boix abrió la de los peritos de Hacienda que investigaron las cuentas de Fabra y detectaron los posibles fraudes. El abogado sostiene que los funcionarios están «contaminados» porque actuaron a instancias de la Fiscalía. Argumenta que no se puede ser acusación y perito al mismo tiempo porque no hay imparcialidad. Por ello, pide que se anulen los informes. El tribunal dirimirá en su sentencia si atiende o no esta petición.