El exadministrador del Ivadis acusado de haberse apropiado de 142.896 euros, José María Vicent Sarrión, admitió ayer en el juicio que transfirió fondos públicos a sus cuentas personales. El procesado aseguró que «era una forma de saltarse los controles para poder pagar en efectivo a los proveedores». La Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat consideran que el supuesto pago a proveedores en metálico del que no hay constancia es una excusa y pidieron al finalizar el juicio que sea condenado a cinco años de cárcel. José María Vicent Sarrión está muy vinculado a la familia Blasco hasta el punto de que fue secretario general del Partido Socialdemócrata (PSD), formación impulsada por el exconseller Rafael Blasco. El procesado llegó al Ivadis durante la etapa de Blasco en Bienestar Social, aunque fue nombrado administrador cuando el exconseller ya había pasado de Bienestar Social a Territorio.

David de Cubas, el director-gerente del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados (Ivadis) cuando ocurrieron los hechos, explicó al tribunal que descubrió lo que pasaba en enero de 2011 cuando un proveedor reclamó una factura impagada. De Cubas indicó que en el sistema informático la factura aparecía pagada, pero en el banco comprobó que habían cambiado el destinatario del dinero y se ingresó en la cuenta personal del acusado. El gerente precisó que manejaban veinte millones de fondos y que hasta ese momento confiaba plenamente en José María Vicent Sarrión.

El procesado insistió en que ingresó el dinero en sus cuentas porque«era una forma de disponer de efectivo». «Sacaba el dinero en ventanilla de mi cuenta y lo dejaba en la caja fuerte del Ivadis para ir disponiendo. Nadie me daba el recibo porque yo era el administrador. No se documentaba», aseguró. El fiscal puso en duda la versión del acusado y el procesado señaló que sabía que no hacía lo correcto, pero «era una forma de salir adelante». El procesado también reconoció que ingresó dinero del Ivadis en la cuenta de su propia empresa y en la cuenta de su mujer.

El fiscal calificó de «increíble» la versión del acusado durante sus conclusiones. «La única explicación es la que es. Ingresó el dinero en su cuenta y no para los fines del Ivadis». La empresa pública atiende en sus veinticinco centros a unos 1.300 valencianos con discapacidad y se dedica a la atención sociosanitaria y a la integración sociolaboral de personas con discapacidad y de colectivos en riesgos de exclusión.

Bienestar Social localizó una veintena de facturas que debían pagarse a proveedores pero que se transfirieron a las cuentas vinculadas al acusado. Fuentes cercanas al caso precisaron que el imputado no ha devuelto el dinero que supuestamente cogió del Ivadis.

El abogado del acusado alegó que José María Vicent Sarrión tiene problemas con la cocaína con el fin de que el tribunal le aplique una rebaja de la condena tras su confesión. Dos psicólogas confirmaron que están tratando al acusado desde hace dos años por su adicción.