El desenlace del juicio del «caso Fabra» se dirime en buena medida entre las jornadas de mañana, el martes y el miércoles. Durante esos días declararán, de una parte, dos inspectores de Hacienda que detectaron cuatro posibles delitos fiscales de Carlos Fabra y tres de su exmujer, María Amparo Fernández; y, de otra, dos auditores contratados por Fabra que intentarán desmontar las acusaciones de fraude.
Las partes que intervienen en el juicio coinciden en que el tema fiscal es la pieza angular del caso, ya que el cohecho y el tráfico de influencias son más difíciles de demostrar.
Ocho años de cárcel
Carlos Fabra está acusado de cuatro posibles delitos contra la Hacienda Pública, por los que el fiscal Anticorrupción pide para el político castellonense ocho años de cárcel (del total de 13), una multa de 1.380.000 euros y una indemnización que alcanza los 693.000 euros. A su exmujer, María Amparo Fernández, le atribuyen tres posibles fraudes, por los que el fiscal solicita un total de seis años de prisión y multa de 599.000 euros.
Estas acusaciones se basan en el informe elaborado por peritos de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Relacionados con la Corrupción.
Aquella investigación determinó que Fabra no declaró en seis años ingresos por valor de casi dos millones de euros, mientras que su exmujer ocultó en el mismo periodo 1,5 millones. Ello generó que el político defraudara supuestamente a Hacienda 693.000 euros en cuatro ejercicios fiscales y María Amparo Fernández 428.000 euros en tres años. Los inspectores de finanzas Conrado Caviró y Javier Rubio (este último, exjefe de la unidad de apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción) comparecerán en sede judicial mañana martes para exponer el resultado de sus pesquisas.
Los peritos de Fabra
Por su parte, la defensa de Fabra tratará de desmontar los informes fiscales acusatorios, sobre todo en la cuantía de los ingresos del político y su exmujer.
Contará con la colaboración de dos peritos: por una parte, Andrés Gurrea, socio de Grant Thornton, empresa vinculada a una de las mayores organizaciones mundiales de auditoría y asesoramiento fiscal y financiero; por otra, Juan Alberto Marco, quien también trabajó para la firma Grant Thornton y que ejerce ahora de administrador de una empresa de Burriana.
«Los peritos judiciales son sus peritos y no coinciden en los números con los míos. Los números son contrarios», espetó Carlos Fabra al fiscal Anticorrupción el día de su interrogatorio en el juicio.
El expresidente de la audiencia provincial de Castelló lanzó así un doble mensaje. Por una parte, que sus auditores manejan unas cifras diferentes a las de los inspectores de Hacienda.
Por otra, incidió en una de las líneas de defensa de su abogado, consistente en considerar parciales a los peritos judiciales porque actuaron a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y están vinculados a ésta. Por otra parte, el letrado de Fabra insistirá en la prescripción de las causas fiscales.
Espectadores
Los otros tres acusados en el juicio (Vicente Vilar, Miguel Prim y Montserrat Vives) serán meros espectadores en las sesiones programadas el martes y miércoles, ya que a ellos no les afecta el tema fiscal, que se circunscribe a Carlos Fabra y a su exmujer.
El proceso continuará los días 29 y 30, en que las partes expondrán sus conclusiones y el juicio quedará visto para sentencia. Los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial dirimirán el resultado del caso.
