Alicante

Las hijas de Alperi compraron sus casas por debajo de su precio real

La investigación del PGOU cree que fueron un regalo del exsocio de Ortiz al exalcalde de Alicante

02.11.2013 | 01:29

No entienden el interés del empresario Enrique Ortiz y su entorno en unas viviendas que supuestamente ya no eran suyas y quieren saber el origen del dinero con el que los tres hijos del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi las alquilaron primero y, en el caso de dos de ellos, las compraron después. Ambas ideas están contenidas en el informe que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía ha elaborado sobre los tres bungalows ubicados en la Playa de San Juan con los que los investigadores sospechan que se agradeció a Alperi favores prestados.

Las pesquisas, acordadas por Juan Climent, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad que instruye el proceso por los presuntos amaños del PGOU de Alicante, (en el que además del promotor y el exprimer edil también está imputada, entre otros, la actual regidora de la ciudad, Sonia Castedo, por presuntamente facilitar datos reservados del planeamiento urbano a cambio de prebendas), confirman cómo los hijos de Alperi han venido ocupando desde 2006 las polémicas viviendas por las que Ortiz siguió demostrando interés (afirmación que los agentes respaldan con transcripciones de conversaciones telefónicas intervenidas) incluso después de que las comprara una mercantil con una estrecha vinculación al empresario conquense Aurelio González Villarejo, con quien precisamente el empresario alicantino las construyó.
Compraventa «simbólica»

Una operación, la de compraventa, que los investigadores llegan a tachar de «acto simbólico» y con la que, en cualquier caso, hizo un mal negocio el exsocio de Ortiz: en pleno boom inmobiliario, cuando los inmuebles multiplicaban su precio de la noche a la mañana, él perdió cerca de 18.000 euros en el proceso de compra de dos casas a Viviendas del Mediterráneo Orvi S. L., es decir, a Ortiz, y su posterior venta a las dos hijas de Alperi. El hijo varón no siguió el ejemplo de sus hermanas y optó por disfrutar de un bungalows en régimen de alquiler aunque con escasa puntualidad en el pago de las mensualidades, otro extremo por el que Ortiz también muestra interés, según revelan los pinchazos telefónicos.

Llegados a este punto, los agentes de la UDEF no sólo se preguntan quién pagó el IVA de la operación de compra-venta de las casas sino que plantean al juez la necesidad de indagar el origen del dinero con el que se abonó la estancia en las viviendas tanto en régimen de alquiler, primero, como después, en el caso de la hijas, como propietarias, unas pesquisas que se proponen ante la sospecha de que estas operaciones pudieran ser financiadas «en todo o en parte por capital proporcionado por terceras personas, pudiendo ser uno de ellos Ortiz», según recoge el informe que tiene fecha de entrada en el TSJ el pasado 25 de julio pero que no ha llegado a las partes hasta ahora. Por ello, vuelven a proponer al magistrado que se pida toda la información financiera de Alperi y su familia, así como de las dos mercantiles relacionados con los bungalows, desde el 1 de noviembre de 2006 hasta el 13 de julio de 2013. Dentro de este paquete se encuentran las hipotecas firmadas por las hijas del también diputado autonómico (una de ellas, Elisa Díaz, compañera de escaño de su padre) de las que quieren conocer la relación de amortizaciones con indicación expresa de, si los hubiera, los pagos anticipados así como de «cheques y pagarés abonados o cargados en sus productos con identificación de la cuenta de origen y/o destino». Con ello los agentes buscan «obtener elementos probatorios que permitan esclarecer la financiación del pago de los inmuebles de los hijos de Díaz Alperi por ellos mismos o por un tercero», lo que consideran «una medida de investigación esencial y necesaria», afirman los funcionarios policiales.

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