La juez de Esabe investiga seis contratos de Sanidad por fraude a la S. Social

El juzgado tiene precintados documentos del registro a la sede de la contratista del Consell - Las irregularidades anteriores a 2007 han prescrito

04.11.2013 | 12:25
Juan Fresneda y Antonio Duarte, dirigentes de USO.
Juan Fresneda y Antonio Duarte, dirigentes de USO.

La juez que investiga a la empresa de seguridad Esabe por un fraude de 30 millones a la Seguridad Social estudia seis contratos con la Conselleria de Sanidad, según explicaron fuentes jurídicas. La magistrada indaga cómo se realizaron los pagos de las horas extra a los empleados de la contratista que trabajaron en los departamentos sanitarios de La Fe, Elda, La Plana y San Vicent del Raspeig y que permitieron al principal investigado desviar miles de euros de dinero público.

La operación policial en la que se registró la sede de Esabe ha permitido a la titular del juzgado número 37 de Plaza de Castilla en Madrid obtener gran cantidad de documentación sobre los trabajos de la mercantil. Entre esos papeles se encuentran todos los contratos de la sociedad de seguridad con la Generalitat valenciana y otras instituciones y su desarrollo, los cuales superaron los 71 millones de euros entre 2002 y 2012.

Fuentes jurídicas explicaron que la juez y las acusaciones se centran en las adjudicaciones posteriores a 2007, ya que las posibles irregularidades en las anteriores habrían prescrito puesto que la denuncia es de 2012.

Así, según las mismas fuentes, la magistrada indaga en el contrato de limpieza que Esabe obtuvo para el hospital La Fe por 35 millones de euros en 2008 y otro de seguridad en varios departamentos sanitarios por 12 millones de euros. En 2011, la contratista repitió adjudicaciones y se quedó la vigilancia de departamentos como Elda, La Plana o Sant Vicent del Raspeig por otros 11 millones. La empresa del imputado y desaparecido Juan José Prados del Pino también trabajó en la Fórmula 1 y para el Ayuntamiento de Valencia.

La investigación judicial, en la que ya obran informes policiales de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) y de la unidad de crimen organizado (Udyco), de la Unidad Central de Seguridad Privada, así como de los inspectores de Hacienda, se inició a petición de la fiscalía tras una denuncia de un trabajador. La acusación popular la ejerce el sindicato USO, que ha aportado abundante documentación.

La juez pretende saber el volumen de dinero desviado, se estiman 30 millones en toda España, gracias a las presuntas irregularidades cometidas en el pago de las horas extra de los trabajadores fuera de la nómina, lo que supone un doble fraude, a la Seguridad Social y en las retenciones del IRPF, según explicaron las mismas fuentes. Cabe recordar que un vigilante de seguridad puede ganar tanto en su recibo salarial como en las extra.

Estas prácticas fueron denunciadas reiteradamente por el sindicato USO e, incluso, la Seguridad Social impuso una multa de 7,5 millones de euros a Esabe en 2008, lo que no impidió que la Conselleria de Sanidad continuará trabajando con la adjudicataria y le renovara los servicios en 2011.

Desde el departamento que dirige Manuel Llombart, que nunca ha dado ningún servicio a esta mercantil, aseguraron que la empresa «estaba al corriente de la Seguridad Social» de sus trabajadores cuando ganó los contratos y que lo justificó.

La vinculación de la Conselleria de Sanidad con este caso nació tras la declaración de uno de los directivos cuando fue detenido por la policía. El arrestado aseguró que habría pagado sobornos a un cargo de Sanidad llamado «Eloy» para que le adjudicaran los contratos, más de un quincena y de muchos millones de euros. Desde Sanidad siempre han defendido que las adjudicaciones siempre han cumplido la ley.

«Hay una furgoneta con información de Valencia»
La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO es la acusación popular en el caso Esabe, ya que muchos de sus trabajadores se han visto afectados. Desde el sindicato aseguran que también han recibido cierto apoyo de UGT. Su secretario general, Antonio Duarte, explicó a este periódico que han aportado gran cantidad de documentación y de pruebas documentales a la causa. Además, añadió que de los registros a la sede de la empresa en Madrid quedan por clasificar «una furgoneta con información de Valencia». Duarte viaja por toda España colaborando con sus delegaciones autonómicas para facilitar la investigación judicial. Madrid, Galicia, Castilla-León y la Comunitat Valenciana son las autonomías donde Esabe consiguió más contratos. En Valencia, está apoyado por el secretario general de la federación autonómica de trabajadores de la seguridad privada de USO, Juan Fresneda. s. pitarch valencia

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