La gestora de las depuradoras detecta 2.448 vertidos de aguas contaminantes

La Epsar atribuye el aumento de este tipo de residuos a la crisis al "reducir o eliminar" las empresas las medidas correctoras

05.11.2013 | 00:00
Vertido cercano a la depuradora de Pinedo que mató decenas de peces.
Vertido cercano a la depuradora de Pinedo que mató decenas de peces.

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) detectó 2.448 vertidos contaminantes de origen industrial en 2012. Estos residuos, que acaban en las depuradoras, encarecen el tratamiento de las aguas que se financia con el canon de saneamiento del recibo del agua, según explica la gestora de las 458 depuradoras de la Comunitat Valenciana en su memoria de gestión del pasado año. La entidad dependiente de la Conselleria de Agricultura atribuye este incremento de desechos ilegales "a la actual situación económica está provocando que en muchos casos existan actividades que han reducido, o suprimido, las medidas de corrección ambiental".
El pasado año fue el segundo ejercicio con mayor número de incidencias, sólo superado por 2011 donde se alcanzaron los 2.496 vertidos contaminantes. Un ejemplo del incremento del descontrol en la industria valenciana son los datos de principios de la década del año 2000. En 2001 el número de vertidos ilegales fue de 1.321, casi la mitad que el pasado año. Para evitar este tipo de actuaciones la Epsar se coordina con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y con otras administraciones implicadas en el control de vertidos. De hecho, esta colaboración se hace más urgente que nunca ya que, según la Epsar, sólo se han identificado 686 de estas incidencias, un 28 %.
La entidad señala que estos vertidos contaminantes conllevan "un incremento de los costes de explotación al tener que dedicar recursos para minimizar el impacto de estas incidencias en el normal funcionamiento de las depuradoras". Además, apuntan en la Epsar, "el riesgo potencial para los ayuntamientos afectados de sufrir un importante incremento en el canon de control de vertidos si, como consecuencia de estas incidencias, se produce un incumplimiento de las condiciones fijadas en la correspondiente autorización de vertido".
La Epsar incrementó sus inspecciones a empresas para evitar los vertidos de residuos en 2005, cuando pasó de auditar 352 a más de 2.000. Desde esa fecha, las investigaciones no han parado de aumentar hasta conseguir su pico en 2010 con 3.225. En 2011 y 2012, se redujeron ligeramente. Muy pendiente están en la gestora de las depuradoras de erradicar los residuos de metales pesados en el agua, puesto que "provocan la inhabilitación para la aplicación agrícola del fango generado en las depuradoras". Cabe recordar que el principal destino de los lodos, concretamente el 92 % del total, son depositados en parcelas para enriquecer la tierra.

Metales pesados en el agua
"En aquellas depuradoras afectadas por vertidos de metales pesados, donde se han realizado campañas para la detección de los focos de contaminación, la evolución de la calidad de su fango refleja con claridad el éxito de estas actuaciones, pasando de gestionar 55.110 toneladas de fango con metales pesados en 2005, a sólo 7.159 toneladas en 2012, esto es, una reducción total del 87 % (un 31'8 % menos que en 2011) lo que supone un ahorro estimado de 1.918.040 euros", defienden desde la Epsar. El tratamiento de este tipo de contaminantes encarece la gestión del agua al tener que utilizar reactivos para eliminarlos. Estas actuaciones, añaden desde la gestora de las depuradoras, ha supuesto una disminución del volumen de lodos generados.
La memoria de gestión de la Epsar también revela que se han recuperado casi 800.000 euros por las inspecciones del canon de saneamiento a empresas.



La Generalitat ha adjudicado por concurso público un contrato para que una empresa le ahorre entre un 20 y un 25 % en los centenares de seguros que tiene para su patrimonio, entre ellos los de vehículos y obras de arte. La ganadora de la licitación ha sido Muñiz y Asociados Correduría de Seguros SL, que no cobrará por esta adjudicación y que recibirá sus honorarios de las aseguradoras con las que medie, según explicaron desde la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas.
La propuesta Muñiz y Asociados Corredoría de Seguros S.L. se impuso a las otras siete ofertas presentadas por Marsh, Coinbroker Correduría de Seguros, Howden Iberia y por las Uniones Temporales de Empresas (UTE) Valenciana de Mediación y Remolí Beltrán Correduría de Seguros; Argente Mocholi Quilez; Willis-BBVA Broker; y la constituida por March Correduría de Seguros y Reaseguros y Camarena Corredores de Seguros.
Así, una vez abiertos los tres sobres de las propuestas, la mesa de contratación decidió proponer a la empresa Muñiz y Asociados como adjudicataria del citado concurso, al haber presentado la "oferta más favorable" para la administración.
Con esta contratación centralizada, se pretende "racionalizar y gestionar de forma más eficiente" los seguros contratados por la Generalitat y el sector público, con el objetivo de conseguir "un ahorro de entre el 20 y el 25 % sobre la estimación anual de gasto aproximado en primas de seguro que, según el valor estimado de este contrato centralizado, es de 4.409,314 euros -gasto que supuso para la Generalitat en 2012 e incluye vehículos u obras de arte-".
Según las mismas fuentes, "el presupuesto total de esta licitación es de cero euros", ya que este contrato "no supone un coste económico directo para la administración de la Generalitat". Al respecto, explican que la Generalitat no debe pagar al adjudicatario de este concurso, sino que el pago de los servicios del mediador correrá a cargo de las compañías aseguradoras.
El plazo de vigencia del contrato será de tres años a contar desde su formalización, con posibilidad de prórrogas anuales hasta un máximo de seis años, siempre que haya acuerdo mutuo de las partes y que se mejoren las condiciones para la Generalitat, lo que condicionará y en su caso permitirá al adjudicatario mejorar las retribuciones que obtiene de las compañías de seguros con las que se contrate.
En concreto, el contrato comprende grupos de riesgos patrimoniales de bienes inmuebles y muebles del patrimonio de la Generalitat, incluidas instalaciones, equipos electrónicos, científicos e informáticos y su patrimonio artístico y también de riesgos derivados de la responsabilidad civil y/o patrimonial en que pueda incurrir la Generalitat, así como la derivada de la actuación de las autoridades, el personal a su servicio y que en el ejercicio de su actividad puedan ocasionar daños a terceros o a cosas.
Además, atiende a los riesgos personales referidos a accidentes, vida, salud y asistencia sanitaria del personal y a los derivados de la responsabilidad profesional de arquitectos e ingenieros y de otros técnicos por determinar puntualmente. Este contrato también incluye riesgos patrimoniales, personales y de responsabilidad civil por el uso de los vehículos.

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