Con el rumor sordo de los pitos y las protestas de los trabajadores de RTVV concentrados en la calle Caballeros de fondo, el presidente Alberto Fabra compareció ayer a las 9.33 horas en el patio gótico del Palau de la Generalitat para ahogar cualquier esperanza de continuidad de la televisión valenciana. "El cierre es innegociable, no hay marcha atrás", repitió, y "se va a hacer cuanto antes, lo más rápido que permita la legislación vigente". Y ello por considerar "imposible" asumir la readmisión del millar de trabajadores sin tocar la Sanidad, la Educación y las políticas sociales, tras la sentencia del TSJ que anula el ERE aprobado por el Consell, en un proceso catastrófico en el que el Ejecutivo ha pagado hasta un millón a consultoras para que le asesoraran. Al respecto, Fabra dejó claro que van a "estudiar" acciones "judiciales" y analizar la sentencia en relación "a las empresas que nos han asesorado, para ver si podemos actuar contra ellas". "Estamos valorando judicialmente qué es lo que podemos hacer", añadió.
Entre las afectadas está Garrigues Abogados, a la que se le pagaron 125.000 euros para elaborar un estudio jurídico sobre cómo ejecutar el ERE, ademas de 40.000 euros por el contrato programa y otros 60.000 por la defensa ante las demandas de los sindicatos. A la pregunta de por qué no se abre una nueva negociación para plantear en unos meses un nuevo ERE consensuado que garantice la continuidad de RTVV, el jefe del Consell enfatizó: "El momento de la negociación ya ha pasado. Durante año y medio advertimos sobre la necesidad de una TVV acorde a las circunstancias actuales de la Administración, y alguno [en alusión a los sindicatos] no lo quiso entender".
Y es que, sostuvo, a la vista de la sentencia, "no son los sindicatos los que pueden negociar" una salida, sino que el derecho "es de cada uno de los trabajadores", por lo que cualquier acuerdo estaría siempre en el aire. El Consell, recalcó, "no tiene 40 millones para satisfacer la readmisión de los trabajadores", ya que se necesitan "para servicios sociales". El fallo "impide mantener los servicios básicos a los ciudadanos" y la "auténtica línea roja del Gobierno Fabra", defendió, es la garantía de éstos. "No voy a ser yo quien quite 40 millones de Sanidad, Educación o servicios sociales para cumplir el fallo. Yo no voy a cerrar ningún colegio ni ningún hospital por mantener la televisión", dijo.
Preguntado por los periodistas sobre si se van a asumir responsabilidades políticas y, en concreto, sobre el vicepresidente José Císcar (presente en el patio gótico), respondió tajante: "Por supuesto que el vicepresidente va a seguir". No hubo atisbo de autocrítica. "Hemos hecho las cosas lo mejor posible", dijo. En cambio, señaló la parte de culpa que en su opinión han tenido la directora de RTVV, Rosa Vidal, y los sindicatos. Vidal, dijo, "ha gestionado el final del ERE" y "en la sentencia" se señala que "parte de sus decisiones" (la readmisión de 186 empleados) han llevado "al fallo que ha decretado la nulidad de todo el proceso". De los sindicatos, dijo que "también tenían que haber asumido cuál era la situación; la Administración no es un saco sin fondo". "Hubo propuestas encima de la mesa [de reducción despidos] a las que dijeron que no; alguno tendrá que asumir responsabilidades o dar explicaciones".
Habló con Rajoy y Montoro
A la pregunta de si pidió a Madrid ayuda financiera para salvar RTVV, Fabra reveló que comunicó su decisión a Rajoy y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pero que a ellos les pide financiación "para garantizar los servicios básicos". No para una TV. Aunque, según fuentes del PP, Fabra recurrió a Madrid sin éxito. Sobre el gasto que supondría el cierre, dijo que "aproximadamente un año de coste de la propia televisión". Esto es, unos 70 millones. Respecto a si le preocupa la imagen de la C. Valenciana, indicó: "Claro que nos preocupa, pero no queda más remedio. Canal 9 forma parte de todos nosotros pero, en la actual situación, todos hemos renunciado a algo".
