Los eurodiputados socialistas valencianos, Andrés Perelló, Vicent Garcés y Josefa Andrés, han presentado este jueves una interpelación parlamentaria ante la Comisión Europea (CE) en la que le piden que averigüe si el Gobierno valenciano ha incumplido la legislación comunitaria con el cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV).
"El cierre de Canal 9 simboliza la caída del régimen del PP en la Comunitat Valenciana", ha dicho Perelló en un comunicado.
Además, mantiene que "no se trata de elegir entre hospitales y la televisión pública, sino entre hospitales y Fórmula 1 o campeonatos de vela y escuelas; se trata de corrupción hasta con la visita del Papa y de que muchos se hagan ricos o de pagar la dependencia; se trata de la decencia o la indecencia".
En su interpelación, los socialistas denuncian que el Gobierno valenciano "tomó la decisión unilateral de desmantelar la radiotelevisión pública sin aviso previo ni debate democrático dentro del ejecutivo ni en el Parlamento regional y sin consultar previamente a los trabajadores afectados".
Según sostienen, Radio Televisión Valenciana ha servido durante los últimos 24 años como instrumento normalizador de la lengua y cultura valenciana. En su opinión, con este cierre, los ciudadanos valencianos quedarán privados de uno de los principales canales de difusión y fomento de esta lengua cooficial, han informado en un comunicado.
PLURALISMO, LIBERTAD DE PRENSA Y DIVERSIDAD
Asimismo, manifiestan que, aunque sean los Estados miembros los que tienen competencias para financiar los servicios públicos "el pluralismo de los medios de comunicación, la libertad de prensa y la diversidad cultural y lingüística ocupan un lugar esencial dentro de los derechos y valores de la Unión Europea".
Por ello, preguntan al Ejecutivo comunitario cuál es su opinión respecto al cierre de RTVV y si contraviene el protocolo nº 29 anejo a los Tratados. Este protocolo reconoce, según destacan los eurodiputados socialistas, que "el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros está directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación".
Perelló, Garcés y Andrés también piden a Bruselas que se pronuncie sobre si este cierre "supone un peligro para el pluralismo de los medios de comunicación y el derecho a recibir una información sin injerencias por parte de las autoridades públicas proclamados en el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales" y si supone "una amenaza a la diversidad cultural y lingüística" proclamada en su artículo 22.
