El Plan de Acción Territorial del Riesgo de Inundación de la Comunitat Valenciana (Patricova) ha autorizado actuaciones urbanísticas en unas 7.500 hectáreas de suelo (el equivalente a 10.199 campos de juego como el de Mestalla) desde su entrada en vigor el 28 de enero de 2003. En esta década de existencia la Conselleria de Territorio ha realizado estudios de inundabilidad o informes de riesgo sobre 250.000 hectáreas de suelo, de las que 15.000 hectáreas estaban en zonas con riesgo de inundabilidad. Aproximadamente en unas 7.500 hectáreas se han autorizado actuaciones urbanísticas con informes favorables o con condicionantes para poder ocupar suelo urbanizable o rústico. En otras 7.500 hectáreas de suelo inundable "se han denegado nuevos desarrollos urbanísticos" lo que ha "permitido ahorrar el coste del daño potencial [por posibles inundaciones] de 200-250 millones de euros", según explicó ayer vicente Doménech, subdirector general de ordenación, planificación y actuaciones territoriales estratégicas de la Conselleria de Territorio, en la jornada "Gestión del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana".
El balance del Patricova ofrecido por Territorio también permite detectar el "boom" urbanístico registrado en la Comunitat Valenciana. En 2003 apenas se realizaron 50 estudios de inundabilidad o informes de riesgo (el primer año de la entrada en vigor de la normativa urbanística del Patricova, pionera en España, que regulaba dónde y cómo urbanizar y dónde no). Pero entre 2005 y 2010 se llegaron a superar ampliamente el centenar de informes y estudios por año. Incluso en 2010 se superaron los 200 informes lo que revela el ritmo urbanizador que se vivía en la C. Valenciana en aquella época.
Para incorporar todos estos cambios urbanísticos en el territorio y actualizar la cartografía de las zonas inundables se ha elaborado un nuevo Patricova que la Conselleria de Territorio sacará a información pública en breve. La revisión del plan incorpora novedades legislativas, cartográficas y tecnológicas en las que han colaborado la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el Institut Cartogràfic de València (ICV) y especialistas de la Politècnica o la Universitat de la talla de los catedráticos de Ingeniería Hidráulica Juan Marco Segura y Félix Francés o el profesor de Geografía de la Universitat, Carles Sanchis.
Entre las aportaciones de estos expertos, incorporadas al nuevo Patricova, se incluye información sobre geomorfología (características de la corteza terrestre) y de los sedimentos transportados por los ríos durante las crecidas de nivel. El análisis geomorfológico permite, por ejemplo, "analizar la sedimentación de las escorrentías y cauces fluviales de barrancos, accidentes geográficos o zonas residuales que pueden permanecer durante años secos pero que "pueden activarse en cualquier momento", según explicaban ayer fuentes del departamento que dirige Isabel Bonig. Se trata así de prevenir tragedias como la de Biescas o la de Finestrat en las que una inesperada tromba de agua invadió un cauce seco desde hace años pero, como dicen los expertos, el agua tiene memoria, por lo que la conselleria evitará la ocupación de estos terrenos.
Sobre la ejecución del Patricova (debían ejecutarse 151 obras en 92 municipios para minimizar el riesgo de inundación) la consellera de Territorio, Isabel Bonig, pasó de puntillas e incluso llegó a decir que no eran obras obligatorias sino sólo indicativas. La Generalitat debía ejecutar 85 proyectos (por 270,16 millones de euros) pero sólo 5 están en servicio, otras 13 están en obras o parcialmente construidas y 53 quedan pendientes. La CHJ sí que ejecutó el 90% de las actuaciones que le corresponden.
