El Consell toma por decreto RTVV para devolver la «normalidad» a las emisiones

09.11.2013 | 00:50

Fabra cambia la ley y designa, sin pasar por las Corts, un nuevo director general liquidador y cuatro consejeros del PP que sustituyen a los dimitidos - Justifica la medida provisional por la «ingobernabilidad» y la necesidad de «garantizar el servicio público» que va a suprimir

48 horas después de la rebelión de la plantilla de RTVV contra la decisión de cerrar la televisión pública y tras la invasión de voces inéditas y críticas con el Consell, líderes de la oposición incluidos, la «normalidad» empezó a instalarse de nuevo ayer en la pantalla de Nou. Volvió la lucha vespertina entre indios y vaqueros en Tres horas para vivir, dentro de Una de l´Oest. Un clásico. Los tiros en el viejo salón recuperaron su papel de banda sonora tras colarse el miércoles la muixeranga y música de Obrint Pas entre los vídeos protesta. El cierre del paréntesis rebelde fue una buena noticia para el Consell, que ayer se reunió dos veces en plenos extraordinarios, en sesiones de mañana y tarde, para cambiar por decreto la ley 3/2012 de creación de RTVV SAU como medida excepcional para nombrar nuevo director general y atar en corto la televisión pública.

El objetivo es poner fin a la «ingobernabilidad» creada en la casa y acabar con la «prestación anormal del servicio público», en palabras del vicepresidente José Císcar, tras la dimisión de la directora general Rosa Vidal y los otros cuatro consejeros del PP en el órgano de gobierno. El vicepresidente explicó que para «garantizar el servicio público» „el que tiene la sentencia de muerte redactada a falta de firma y fecha„ y el cumplimiento de los «principios de programación» había que cubrir de forma inmediata las vacantes. Las dimisiones redujeron de 9 a 4 los integrantes del consejo de administración y, rota la posibilidad de quórum, lo anularon como órgano de gobierno capaz de tomar decisiones.

«Salvaguardar los activos»
Por la tarde, el Consell nombró a Ernesto Moreno director general para que sea el liquidador. Moreno es el subdirector de gestión de CulturArts, que agrupa a las entidades culturales de la Generalitat. Como consejeros, designó a Vicente Burgos, Lluís Bertomeu, José Serralde y Bartolomé Orozco. Fue una medida «excepcional» porque el mecanismo habitual para acceder a esos puestos, la designación por las Corts a propuesta de los grupos, no puede acometerse de forma «inmediata». El Consell justificó la toma de las riendas por decreto ley (el 5/2013) en que los nuevos contenidos, especiales dedicados al cierre de la televisión, incumplían el contrato programa. De hecho, el Gobierno de Fabra remitió el miércoles a Rosa Vidal un requerimiento notarial apercibiéndola de esa posible ilegalidad. El vicepresidente rehuyó «por prudencia» hablar de plazos y de calendario de ejecución del procedimiento previsto para la extinción de la cadena.

El debate entre dirigentes de las cuatro fuerzas políticas parlamentarias registró un 13,7% de audiencia, cuando la media de la cadena en octubre se situó en el 3,8%. Para Ciprià Císcar, la explicación del éxito de público responde a que era una «situación excepcional», que acabó «hinchando» los registros de audiencia.

En el vacío de poder y la pérdida de capacidad del consejo «no existía garantía ni salvaguarda del mantenimiento de los activos públicos de la sociedad», alertó el vicepresidente. Los periodistas reclamaron a Císcar que concretara a qué se estaba refiriendo al insinuar la amenaza que pesaba sobre los bienes de RTVV y el conseller aclaró que sin director general ni consejo no se podían tomar decisiones y, vino a decir, ello podía provocar un deterioro en la empresa. Las órdenes que se dieron ayer a los vigilantes de seguridad que controlan los accesos al edificio de Burjassot fueron menos elaboradas: registrar bolsos y carteras para evitar que los empleados sacaran documentos del centro del producciones. Dentro, agentes de la policía autonómica y nacional patrullaban vigilando los accesos a las diversas plantas, con especial dedicación a las más altas.

El control de maletines ha llegado unos años tarde a una RTVV en quiebra, que solamente con la visita del Papa pagó 7,5 millones a Teconsa, 3,8 sin justificar y en presuntas comisiones.

Císcar no descarta llevar al juzgado a anteriores gestores
El vicepresidente del Consell  compareció ante la prensa después de tres días de chaparrón de críticas y exigencias de dimisión desde diversos frentes por su papel en la gestión y ejecución del ERE anulado por el TSJ. Nou abrió el turno de intervenciones de la prensa. Concedió media docena de preguntas.  «El vicepresidente tiene la agenda repleta», explicó un colaborador.  ¿Exigirá  el Consell judicialmente responsabilidades a quienes han generado la deuda y han gestionado la cadena?. «Estamos centrados en recuperar la normalidad; todo lo demás se irá estudiando. Y el tiempo dirá», fue la puerta abierta que dejó el vicepresidente.

RTVV acumuló 1.300 millones de pasivo. La deuda se multiplicó por 81 (un incremento del 8.000%) desde que el Consell del PP tomó las riendas de la radiotelevisión pública. Precisamente las responsabilidades en contratos como la compra de derechos del fútbol para revenderlos a un precio inferior (unos 235 millones de rebaja total) como fórmula para financiar el Valencia CF, el Levante UD y el Villarreal CF es uno de los asuntos que más preocupan en el Consell. El control de los archivos de la cadena ha sido una preocupación tras el vacío de poder.

El líder del PSPV, Ximo Puig, y el diputado de EU Ignacio Blanco coincidieron ayer en denunciar que el decreto del Consell es un «golpe a la democracia». Un «fraude de ley» que Puig prometió combatir «política y legalmente». «El PP y Fabra no han aguantado 24 horas una televisión democrática», subrayó Puig. Blanco, por su parte, dijo que el decreto era «jurídicamente cuestionable, pero, sobre todo, políticamente indecente».

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