El edificio principal de RTVV en Burjassot fue ayer un búnker. Los vigilantes de seguridad privada registraron los bolsos y mochilas de los trabajadores, tanto al entrar como al salir, lo que soliviantó los ya de por sí alterados ánimos de una plantilla que lleva dos años viviendo en la incertidumbre de la guillotina laboral. Fuentes conocedoras de la decisión de los mandos intermedios de la televisión pública explicaron que la idea era que nadie pudiera salir con documentación confidencial de la empresa pública.
Una de las afectadas por estos registros fue la presentadora de los informativos de la era de Francisco Camps en la presidencia de la Generalitat y el miércoles moderadora del debate político sobre el cierre, Maribel Vilaplana. «Que te hagan abrir el bolso tras diecisiete años trabajando en esta casa es una vergüenza. No me había pasado nunca», lamentaba la periodista. Vilaplana explicó que cuando protestó por la medida, los vigilantes y los policías autonómicos que velan por la seguridad del edificio le aseguraron que «recibían órdenes».
Los miembros de la empresa privada de seguridad se esmeraron ayer en su trabajo más de lo habitual, denunciaba otro empleado. Este trabajador, igual que Vilaplana, afirmó que los vigilantes acudieron ayer con pistola reglamentaria, algo que, aseveraron, «no había pasado antes». Por su parte, desde el anuncio del cierre de la RTVV han acudido a dar cobertura en la vigilancia varios agentes de la policía de la Generalitat, que depende de la Conselleria de Gobernación. Fuentes conocedoras de la operación, también manifestaron que miembros destacados del PP valenciano han visto incrementada su vigilancia y seguridad en las últimas semanas, sobre todo en actos relacionados con el ERE de RTVV o cuando acuden al Centre de Producció de Programes de Burjassot.
Desde la Delegación del Gobierno explicaron que sólo movilizaron una furgoneta de la Unidad de Intervención Policial, los antidisturbios, para «garantizar la seguridad» en las distintas concentraciones de trabajadores, sindicatos y colectivos sociales que se han venido concentrando en los alrededores de Canal 9 en Burjassot. «La competencia dentro del edificio la tiene la seguridad privada y la policía autonómica», manifestaron.
Mientras el edificio de Burjassot se ha convertido en un búnker, la sede de Ràdio 9 en la avenida Blasco Ibáñez no tiene prácticamente vigilancia. Un trabajador ironizaba con que allí no existe documentación confidencial de contratos y expedientes de contratación. La dimisionaria directora general, Rosa Vidal, alertó de la falta de facturas en la televisión.
