La consellera de Educación, Mª José Català, marcó ayer un nuevo hito en la enseñanza en valenciano al firmar el ansiado decreto de catalogación lingüística de todas las plazas docentes de Secundaria y FP en la enseñanza pública (en primaria se exige desde 1997) , que incluye también al profesorado de religión de Primaria, ESO y Bachillerato. Esta orden, que llega 14 años después de que comenzara a negociarse con los sindicatos, obliga a todo el profesorado de la pública a estar capacitado para dar clases en valenciano. La medida incluye una moratoria de cuatro años, con lo que no será efectiva hasta el 9 de noviembre de 2017.
Como ya avanzó Levante-EMV en febrero la inmensa mayoría del profesorado, el 83 %, cuenta con la capacitación lingüística. Gran parte del 17 % sin el requisito lingüístico „proporción que sube hasta el 28 % entre el profesorado técnico de FP „ son funcionarios que están cerca de la jubilación, por lo que la amplia moratoria les permitirá retirarse sin adaptarse. Para poder dar clase en valenciano se requiere el curso de capacitación o estar en posesión del título Mitjà o Superior de la Junta Qualificadora.
No obstante la norma no obliga a tener el requisito lingüístico al profesorado de religión y los funcionarios de carrera con destino definitivo, que podrán permanecer en sus puestos, aunque su derecho a la movilidad quedará reducido a localidades de predominio lingüístico castellano. Tras la moratoria, la capacitación sí que será obligatoria para contratar a un profesor de religión o para los docentes interinos, que quedarán excluidos de las bolsas si no poseen la titulación.
Esta orden supone que el alumnado pueda exigir la enseñanza en Valenciano en Secundaria, aunque tendrá que esperar a 2017.