El fundido a negro podría ser a partir del día 29, tras publicarse la ley en el «DOCV»

La propuesta del PP justifica el cierre por tener que «priorizar servicios que se consideran básicos»

09.11.2013 | 07:50

Aunque el vicepresidente José Císcar eludió dar plazos del fundido a negro de Canal 9, la tramitación de la proposición de ley del PP y el propio texto sugieren que la fecha posible más cercana para ejecutar el apagón podría ser el viernes, 29. La iniciativa del PP en las Corts, según las previsiones populares, se aprobará el día 27. A partir de ahí, dependerá de la publicación en el Diario Oficial. Si ésta se produjera el 28, la ley, como señala una disposición, entraría en vigor al día siguiente, con lo que el 29 quedaría suprimido el servicio de radio y televisión autonómicos.
La propuesta, que deroga la Ley 3/2012 de 20 de julio de Estatuto de Radio Televisión Valenciana, «suprime la prestación del servicio público de radio y televisión de ámbito autonómico prestado por la Generalitat por cualquier medio o canal de difusión», así como «la prestación de cualquier otro servicio de interés general que en materia de radio y televisión presta la Generalitat en virtud de sus competencias estatutarias». Asimismo autoriza al Consell para que, constituido en Junta General de Accionistas, extinga RTVV SAU y lo faculta para cesar a los miembros del consejo de administración de la sociedad.

Comisión de tres liquidadores
El texto explica que, en el acuerdo de disolución, se nombrará una comisión de liquidación compuesta por tres miembros que llevarán a cabo «las actuaciones legales y estatutariamente establecidas». Como consecuencia de la supresión de este servicio y el cese de las emisiones, añade, se producirá la extinción de los contratos de trabajo de la totalidad de la plantilla.
Añade que RTVV SAU «asumirá las consecuencias económicas» resultantes del proceso de disolución y liquidación, con cargo a la consignación en los presupuestos de 2014. Y que el Consell responderá, en su caso, de las consecuencias económicas del fallo del TSJ. La exposición alega que la readmisión de los empleados derivada del fallo «hace inviable la continuidad de la empresa», ya que «la Generalitat no puede asumir [los costes] en unos momentos de crisis económica y en los que la escasez de recursos económicos le obliga a priorizar los servicios que se consideran básicos».

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