Los expertos consideran un disparate el cierre y plantean dudas sobre el proceso

«No existe urgente y extraordinaria necesidad para cambiar la ley», apunta Boix, profesor de la UV

09.11.2013 | 23:24
Protesta de los trabajadores ante el Palau, esta semana.
Protesta de los trabajadores ante el Palau, esta semana.

La decisión de apagar RTVV y el proceso administrativo puesto en marcha por el Consell para llevarlo a cabo está generando serias reservas en el ámbito del Derecho desde el pasado martes. Según los expertos consultados por este diario, el cierre del ente público es «jurídicamente posible», pero «no se puede hacer de cualquier manera» y existen aspectos «dudosos» en la actuación del equipo de Alberto Fabra. Para otros, directamente, se trata de «un disparate» del Gobierno valenciano.
Quien expone mayores argumentos en contra del cierre es el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad CEU-Cardenal Herrera, Manuel Martínez Sospedra. «No creo que el decreto ley sea regular. El Estatuto obliga a la Generalitat a contribuir a la cohesión y vertebración del territorio. En un país sin un medio que cubra todo el territorio ese vacío lo cubre RTVV. Sin ella, por mala que sea, no se cumple» el mandato estatutario, afirma.
Sospedra se pregunta si «se puede proteger el valenciano si los medios en lengua propia son pocos y van dirigidos a grupos selectos y ese vacío lo cubre RTVV». También se cuestiona si se puede «velar» por la lengua sin este medio público. El Estatuto habilita a la Generalitat para «regular, crear y mantener» sus propios medios públicos, pero no para «suprimir», añade.
Sospedra coincide con la exdirectora general de RTVV Rosa Vidal, en cuanto a los sospechas por el cierre y reapertura de una nueva cadena en el futuro. «Si la Generalitat espera al próximo año a sacar otro ente público es fraude de ley como la copa de un pino. Y hacer eso para burlar el cumplimiento de una sentencia dice el Código Penal que no está bien», ironiza. «Esto es un disparate, producto de la debilidad política», lamenta.
También tiene dudas Andrés Boix, profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València. «Puedes cerrar la tele, pero no puedes hacerlo de cualquier manera», apunta. Para Boix, son dos los aspectos más controvertidos en el proceder del Consell. El primero es el decreto ley con el que el Consell cambia la ley de RTVV para nombrar directamente nuevos consejeros tras la dimisión de la directora general y los cuatro elegidos por el PP, por la «ingobernabilidad» de la casa. El uso del decreto ley es «dudoso», ya que no existe, a su juicio, «urgente y extraordinaria necesidad». El Consell, atendiendo a la antigua ley de RTVV, podía haber nombrado un administrador para gestionar el día a día, dice Boix.
Por otro lado, el profesor de la UV pone en cuestión el perfil de algunas de las personas a las que Fabra encomienda liquidar el ente, acerca de que cumplan el requisito de experiencia en el sector audiovisual o en la dirección de empresas.
«La precipitación puede llevar a nuevas sentencias revocatorias de la actuación del Consell», advierte Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia. Para Bosch, el varapalo del ERE podría repetirse. «Que jurídicamente sea posible no significa que se pueda hacer de cualquier manera. Hay una actitud de urgencia desmedida cuando la situación no lo justifica», añade.
En este punto, otros expertos, citados por Europa Press, apuntan que la ley que cierre la cadena podría ser recurrida ante el Constitucional, organismo que es el «único» que puede controlarla, que puede determinar si es o no constitucional. «Si la ley está bien hecha, que no es difícil, el TC rechazará el recurso. Para decir que está mal hecha tendría que haber una barbaridad», apostillan.

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