La secretaria autonómica de Dependencia, Nela García, eludió ayer en las Corts dar explicaciones sobre el supuesto trato de favor del Consell a la empresa Sedesa, de la familia del presidente de las Corts, Juan Cotino, así como el presunto pago de éste al PP en 2004 de 200.000 euros según declaró Luis Bárcenas al juez. García señaló que Bienestar Social no tiene «ninguna relación contractual» con el grupo Sedesa, ya que, como le reprochó después la oposición, las plazas de accesibilidad se adjudicaron a Savia-Gerocentros, obviando que Sedesa era copropietaria.
«Con todas las empresas que tenemos contratadas, claro que alguna será familiar de alguien», alegó. Mònica Oltra (Compromís) denunció que «mientras Cotino cogía el dinero público para su casa, situaba a la Comunitat en la cola de Dependencia»; el socialista Sánchez aludió a la «financiación ilegal del PP» e Ignacio Blanco, de EU, tildó a Cotino de «capo de una familia política y empresarial».
