La Generalitat Valenciana ha suspendido los permisos para la caza «científica» con «parany» que autorizó hace unas semanas justificándolas en un informe de la Universidad Politécnica de Valencia y ha dado traslado de esta decisión al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) para que actúe contra esta práctica ilegal después de autorizarla excepcionalmente.

El pasado 1 de octubre, la Dirección General del Medio Natural de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana dictaba una resolución por la que se autoriza la captura de aves en 17 estaciones de seguimiento y 33 puntos o «paranys», con objetivos «científicos».

La resolución provocó un rechazo inmediato de las ONG ecologistas, investigadores, científicos y asociaciones de ornitólogos que se tradujo en recursos judiciales, manifiestos, protestas en la calle. Además generó tensiones entre los propios «paranyers» ya que daba «carta blanca» para cazar a 162 socios de Apaval, la asociación valenciana de «paranyers», mientras mantenía en la ilegalidad al resto.

Por último, la resolución dejaba en una incómoda situación al director general del Medio Natural, que firmó la resolución, a quien una resolución judicial en contra podría dejar al borde de la inhabilitación.

Ayer, la Conselleria de Infraestructuras hizo público un comunicado en el que anunciaba su decisión de «consultar» a la Comisión Europea, máximo órgano medioambiental de la Unión Europea, «la viabilidad o no de la autorización otorgada relativa a la captura científica de túrdidos y otras aves».

Según explicó el director general del Medio Natural, Alfredo González, tras estudiar los recursos de alzada presentados por SEO/Birdlife, Acció Ecologista-Agró y Societat Valenciana d'Ornitologia contra esta autorización, «y a pesar del criterio de la Abogacía de la Generalitat que establecía que está amparada por la normativa vigente, se ha decidido solicitar un informe a la Comisión Europea».

«Otro de los motivos por los que se va a consultar a la Comisión Europea añadió es la postura contraria a la realización del estudio por parte de un importante grupo de investigadores con dilatada experiencia en el campo de la ornitología».

«Por otro lado los propios promotores del estudio no han contado con ningún organismo, institución o científicos expertos que los avalen», reconocía el director general ignorando el aval prestado por un departamento de la UPV en el que basó la resolución cancelada.

La conselleria anunció la suspensión de las autorizaciones y el traslado de esta decisión a las organizaciones que recurrieron y al Seprona, que podrá ahora actuar contra todos los infractores.