La diputada socialista responsable de Vivienda en las Corts, María José Salvador, denuncia que «la gestión de la vivienda en la Generalitat es un caos absoluto, como lo demuestran los 250 millones de euros en ayudas que se deben a 55.000 valencianos y los 60 millones pendientes de justificar ante el Ministerio de Fomento por ayudas transferidas desde 2002». Salvador advierte que este descontrol administrativo va a pasar factura «a todos los valencianos» porque el nuevo Plan de Vivienda que tramita el Gobierno «incluye por primera vez una cláusula por la que se advierte que no se firmarán nuevos convenios hasta que no esté todo el dinero justificado de los planes anteriores». Y la Comunitat Valenciana, añade, «es de las autonomías con más dinero pendiente de justificar y la que más caos sufre en su gestión». De hecho, las ayudas que concederá el Ministerio de Fomento (para rehabilitación o alquiler, que son las opciones que se quieren fomentar ahora) son las únicas a las que podrán acceder los valencianos, ya que la Generalitat no va a convocar la concesión de nuevas ayudas hasta que no resuelva la deuda de 250 millones que mantiene con 50.000 beneficiarios de estas subvenciones, como ha reconocido la consellera de Territorio Isabel Bonig.
La diputada lamenta que un tema tan sensible para los ciudadanos como la gestión de un derecho fundamental como el de la vivienda sea en la Comunitat Valenciana «un cajón desastre de facturas y deudas, producto de la nefasta gestión que la Generalitat ha hecho de la política de vivienda durante el boom del ladrillo. No hay ninguna orientación, ni criterio en materia de vivienda, que debe tener una clara función social».
