El Partido Popular ha aprovechado las enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental en el Congreso para introducir, sin debate previo, modificaciones sustanciales en el ordenamiento jurídico en torno al agua que permitiría la realización de trasvases sin la participación de los gobiernos regionales, según asegura la Fundación Nueva Cultura del Agua en un informe (FNCA).
Según este informe, el Memorándum Tajo-Segura que se aprobará como parte integrante de la Ley de Evaluación Ambiental, introduce también dos enmiendas que modifican «el Texto Refundido de la Ley de aguas y el Plan Hidrológico Nacional, que afectan de forma muy importante a todas las cuencas de este país y a la planificación hidrológica nacional, sin participación, información, ni debate público alguno».
Estos cambios sientan la base legal, asegura la FNCA, para «poner en orden» en beneficio de los intereses trasvasistas, la asignación y redistribución de recursos a nivel nacional.
Los instrumentos clave para lograr este objetivo sin debate social o político, añaden, son la creación de «autopistas del agua», la puesta en marcha de un ente suprarregional estatal que asigne recursos entre distintas cuencas, ya sean trasvases o cesiones de agua (Agencia Nacional del Agua), y entrada de la inversión privada.
