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Financiación

Fabra propone que el Estado asuma la deuda autonómica

El informe que Fabra encargó a los Jaime I aboga por reducir diputados, eliminar subvenciones a sindicatos, cerrar televisiones públicas insostenibles y extender el copago

Fabra con los 'sabios' F. Bustamante

La Comisión de Economía del Alto Consejo Consultivo de la Generalitat de I+D+i no ha encontrado "gasto excesivo" en su informe sobre la deuda, déficit y financiación de esta región, que acumula, según sus cálculos, un "déficit crónico estructural financiero" de entre 12.000 y 13.000 millones de euros.

El informe ha sido presentado hoy en el salón de Corts del Palau de la Generalitat ante cientos de representantes de la sociedad civil y el Consell al completo.

Los profesores Jaime Lamo de Espinosa y Ramón Tamames, presidente de la comisión de economía y relator del citado informe, respectivamente, han presentado su diagnóstico y sus recomendaciones para hacer frente al "bucle perverso o fatal de la deuda pública".

Como principal medida para hacer frente a este problema, Tamames ha planteado la posibilidad de iniciar un proceso de "mutualización de la deuda nacional", para evitar que la que acumulan las autonomías "lastre de forma indefinida su recuperación".

Ante estas circunstancias, el president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha expresado su intención de "poner sobre la mesa un nuevo sistema de financiación para todos, que garantice la justicia y el equilibrio entre todos los ciudadanos de España".

La presentación del informe se ha iniciado con la intervención del secretario autonómico de Hacienda, Eusebio Monzó, que ha pedido disculpas por los posibles errores del Consell y ha reclamado la unidad de los grupos parlamentarios en la reclamación de un modelo de financiación más justo, y del profesor Santiago Grisolía, quien ha alabado las ideas enunciadas en este texto.

Según Lamo de Espinosa, el informe definitivo es la octava versión elaborada durante más de seis meses de trabajo.

Tras alabar la gestión del Consell, un 14 por ciento más eficiente que otras comunidades según ha asegurado, e indicar que el ratio de empleados públicos por habitante en la Comunitat es inferior a la media nacional, ha expuesto algunas de las cifras que evidencian la infrafinanciación.

"La población valenciana ha crecido más rápido que la del resto de España con unos recursos decrecientes y ahora muy inferiores a la del resto de regiones", ha indicado Lamo de Espinosa, quien ha insistido en que en los últimos ejercicios cada valenciano ha recibido, a través de las aportaciones estatales a las autonomías, más de 200 euros menos que la media de ciudadanos españoles.

En este sentido ha denunciado "la incapacidad correctora del déficit de los fondos de financiación autonómica" y ha advertido que ésta "financiación asimétrica de castigo" se hará más desigual en 2014, cuando la Comunitat tiene previsto recibir 8.276 millones de euros, 305 menos que este año.

Por ello, ha expuesto la necesidad de reclamar ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera una pérdida de ingresos acumulada que, huyendo del concepto "deuda histórica" por sus connotaciones políticas, los expertos han calificado de "déficit crónico estructural financiero".

El nuevo sistema de financiación, a juicio de este comité, debe estar operativo en 2014, o en su caso, dispone de un fondo de nivelación transitorio dotado con no menos de 3.000 millones de euros, el 40,5 % de los cuales iría destinado a la Comunitat.

Por su parte, Tamames ha insistido en la necesidad de suprimir el gasto improductivo de los presupuestos, disponer un único fondo para la asignación de recursos a las autonomías y suprimir el criterio de promover la igualdad de renta por haber contribuido a mantener el 'statu quo'.

También que el régimen foral sea aplicado "con toda justicia", porque en su opinión los cálculos se hacen con "excesiva generosidad" y propician "paraísos fiscales", la supresión de subvenciones a partidos y sindicatos, empresas y fundaciones que "disimulan el déficit" y duplicidades administrativas.

"La reforma debe llegar a diputados y senadores, cada uno de los cuales cuesta unos 250.000 euros anuales y a la racionalización del gasto burocrático", según Tamames, quien ha opinado que "las televisiones públicas o son autofinanciadas o hay que buscar una solución definitiva".

Ha defendido además la "reconfiguración del sistema nacional de salud, excesivamente compartimentado" y "considerar el copago como medida disuasoria que se ha de aplicar en función de la renta".

Sobre la propuesta de mutualización de la deuda, ha puesto como ejemplo el proceso acometido en Estados Unidos en 1790 y ha asegurado que actualmente se planea en China y en que, en cierta forma, la UE se ha hecho cargo de parte de la deuda de Grecia e Irlanda.

A juicio del president Fabra, este informe y el encargado por Les Corts "cargan de razones" la reclamación de la Comunitat sobre la financiación, que requiere un nuevo modelo "para ciudadanos y no para territorios".

Asimismo, ha indicado que si algún territorio quiere algo "excepcional" que sea "con el esfuerzo de sus ciudadanos", y ha pedido a la sociedad civil que difunda las bondades del nuevo modelo propuesto.

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