Los socialistas valencianos han acudido al juzgado de guardia de Paterna a presentar una denuncia por prevaricación, malversación de fondos, fraude a la Administración y tráfico de influencias contra el exdirector general de RTVV José López Jaraba, el exdirector de antena, Fernando Lázaro Quintela, y aquellos directivos de cuya actuación se desprendan «indicios de criminalidad» por la compra de tres documentales a la productora Triskel por 532.500 euros más IVA el 26 de julio de 2011. En la denuncia, firmada por el diputado Josep Moreno y la presidenta del grupo socialista, Ana Barceló, piden que acuda a declarar como testigo el vicepresidente Jose Císcar, quien era «pleno conocedor de toda esta irregular operación de compraventas, cesiones y recompras».

El canal autonómico pagó la citada cantidad por los reportajes políticos, que salieron a razón de 177.500 euros más IVA cada uno, unas «cien veces por encima del valor de mercado», que se situaría, apuntan en la denuncia, en unos 1.000 o 1.500 euros. La adquisición de los derechos a Triskel se produjo un mes antes de que Jaraba nombrara a Fernando Lázaro Quintela alto directivo de RTVV. Triskel era una productora, según los denunciantes, «extraordinariamente relacionada con Quintela, una firma pantalla». De hecho, compartía domicilio social con la empresa 25 Frames Audiovisual, propiedad del propio Lázaro Quintela. El administrador de la productora beneficiaria del suculento contrato de Canal 9 era Mario López Sanclemente, quien había trabajado para el exdirector de antena de TVV en 25 Frames y en El nacimiento producciones, que también estuvo gestionada por Quintela.

De los tres reportajes sólo llegó a emitirse uno: «Garzón, el jutge estrela al descobert». La audiencia le dio la espalda, dado que apenas logró un 3,3% de share. En vista del escándalo del presunto sobreprecio, seis meses después de la adquisición de los derechos de emisión, la propia Triskel recompró los mismos derechos a RTVV por 276.000 euros más IVA. Igual que ocurrió con la gestión de los derechos de emisión del fútbol, la televisión pública acabó ejerciendo de intermediaria para perder, un comportamiento insólito en el mundo comercial. En el fondo, sucedió que Triskel quiso maquillar la operación para «encubrir y disimular el desmesurado precio inicial».

La productora firmó luego varios contratos de cesión de derechos a las televisiones autonómicas de Castlla y León o Canarias, entre otras, o a Intereconomía TV, empresa de la que procedía Quintela antes de aterrizar en Canal 9.

Además de Císcar, se piden las testificales de López Sanclemente y de Luis Valero, socios de Triskel.