La Sindicatura de Comptes ha decidido auditar en profundidad la partida de ayudas a la vivienda en las cuentas de la Generalitat de 2012, según han confirmado a Levante-EMV fuentes de la institución que dirige Rafael Vicente Queralt. La decisión de poner la lupa en esta área surgió tras el encuentro celebrado entre la Plataforma de Afectados por las Ayudas a la Vivienda y representantes de la Sindicatura de Comptes, el pasado verano, a raiz de las reclamaciones presentadas por los primeros para que se investigue el destino del dinero que no les abonan desde 2009.

En los informes de fiscalización que presentan cada año la Sindicatura de Comptes revisa, de forma aleatoria, los contratos de todas las conselleries y empresas públicas, además de comprobar el cumplimiento de la legalidad en los presupuestos. "Como había que elegir una partida y acabábamos de recibir la petición de la Plataforma de Afectados por los impagos decidimos incluir el área de vivienda en el informe de la Sindicatura de 2012, que actualmente ya se está finalizando", explican fuentes del órgano fiscalizador.

Los detalles y el resultado del análisis realizado no se sabrán hasta el próximo mes de diciembre, pero fuentes de la Sindicatura de Comptes aseguran que está resultando muy complejo porque "hay muchísimas solicitudes de ayudas presentadas". Sí destacan que han detectado que "en algunos casos las ayudas se concedieron condicionados a que hubiera presupuesto en la partida destinada a Vivienda, por lo que habrá que revisar una a una todas las peticiones presentadas", explican fuentes del órgano fiscalizador. La Sindicatura de Comptes podría revisar las cuentas de años anteriores, pero por ahora no se ha tomado una decisión al respecto.

Que la investigación de la Sindicatura de Comptes se centre solo en el último ejercicio decepcionará con toda probabilidad a la Plataforma de Afectados por los impagos de las ayudas a la vivienda, ya que la asociación aspiraba a que se revisaran las partidas de vivienda desde 2009, el año en el que muchos de los damnificados dejaron de percibir las ayudas a la vivienda concedidas por la Generalitat con cargo a los presupuestos autonómicos. La Conselleria de Territorio ha admitido que adeuda unos 250 millones a unas 50.000 personas. Según el departamento que dirige Isabel Bonig se han conseguido pagar ocho millones de euros, destinados a cubrir los anticipos bancarios, a más de mil familias valencianas en dos años. En los presupuestos de 2014 Territorio también ha incluido una partida de 10 millones para continuar saldando la deuda con los impagados. Unas cantidades que resultan insuficientes para la plataforma, que no se fía de las intenciones de la Generalitat, ya que el año pasado "se desviaron 7 millones de euros de una partida similar a pagar el ERE del Ivvsa". Por ello han exigido a la Conselleria de Territorio que los 10,2 millones previstos en las cuentas para abonar la ayudas impagadas "se blinden en los presupuestos de 2104". Si no se hace así este dinero "puede servir para cualquier actuación de vivienda o incluso para nada", advertían fuentes de la Plataforma de Afectados por el impago de las ayudas a la vivienda.

A este descontrol en las subvenciones con cargo a la Generalitat se suma el retraso en la justificación de las ayudas ante el Ministerio de Fomento, como ayer desvelaba Levante-EMV. El Gobierno ha reconocido a los diputados socialistas, Ximo Puig y Herick Campos que la Conselleria de Territorio aún no ha aclarado el destino de 59,5 millones de euros de los tres últimos Planes de Vivienda estatales. La partida más veterana se remonta al trienio 2002-2005 del que se adeudan 200.000 euros. De los otros planes estatales Territorio aún no ha justificado el destino de 32,9 millones (Plan de Vivienda 2005-2008) y otros 26,4 millones del periodo 2009-2012.