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Caballos, «gran hermano» cartográfico, SAR, código penal, patrullas nocturnas

Las iniciativas se han sucedido en la Generalitat, la Delegación del Gobierno y el Ministerio de Justicia sin poder atajar la lacra

La preocupación oficial por los robos en el campo valenciano estalló la pasada primavera. Con un origen muy claro: el asesinato de Rumen Iliev, un búlgaro de 35 años que trabajaba como jornalero y vigilante en un campo de naranjas de Cheste. Lo mató una banda de ladrones que había entrado a robar la cosecha y a la que el trabajador plantó cara. Cuatro de los cinco detenidos por aquel crimen del 31 de marzo están en prisión. Esa chispa sirvió para dinamitar la rabia latente y contenida en el campo por una lacra que carcome más aún desde el inicio de la crisis las explotaciones agrícolas y ganaderas.

En las páginas de este periódico no tardaron en aflorar historias como la del cunicultor de Montroi Gregorio Sebastián, un granjero que había sufrido 61 robos en siete años 1.062 conejas en total en su criadero de conejos. El sindicato agrario AVA cifró en 20 millones de euros las pérdidas estimadas para 2013 por los hurtos de cosechas y daños en instalaciones de riego o casetas. Aquel SOS fue respondido con anuncios de medidas por parte de distintas Administraciones, acusadas por los afectados de dejarles al amparo de los ladrones.

El Gobierno reaccionó. La Guardia Civil desde cuyo interior algunos agentes recalcaron que cada vez se patrullaba menos por el campo por falta de plantilla anunció medidas vistosas. Como el despliegue de dos escuadrones de caballería (21 agentes y 16 caballos) para que patrullaran zonas agrarias y forestales valencianas.

También se alumbró el llamado mapa de cultivos, un gran hermano cartográfico que pretende ayudar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a vigilar las cosechas. La herramienta, presentada el pasado julio un año después de su anuncio, recopila dos millones de datos en varias cartografías que permiten organizar y preparar una estrategia preventiva para combatir los robos de las cosechas en los 1,3 millones de parcelas agrícolas y ganaderas.

El pasado septiembre, por último, la delegación del Gobierno anunció que la Comunitat Valenciana se ha dotado de 12 equipos ROCA de la Guardia Civil para la lucha contra los robos en el campo. Se trata de grupos especializados en la lucha contra los hurtos agrícolas y constituyen una unidad de investigación exclusiva para ese fin con 45 agentes repartidos por toda la Comunitat Valenciana.

También se movilizó la Policía Autonómica de la Generalitat, dirigida por el conseller Serafín Castellano, que se afanó en aumentar el dispositivo específico destinado a prevenir robos en el campo con la creación del Grupo de Seguridad en el Ámbito Rural (Grupo SAR), dotado de 60 agentes autonómicos. En sus primeros cuatro meses, patrullaron 253 municipios y detuvieron a 14 personas.

Aun así, la medida más esperada por los agricultores que han llegado incluso a realizar patrullas nocturnas por sus huertos en época de recolección para defenderse de los robos es el endurecimiento del Código Penal para castigar los robos y, sobre todo, la reincidencia. El proyecto de ley de esa modificación, aprobado en septiembre, incluye, dentro de la tipificación de hurto y en los supuestos en los que este delito se castiga con penas de prisión de 1 a 3 años, una nueva circunstancia relativa a que se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los medios e instrumentos que se utilizan para su obtención que afectaría al cobre y los transformadores de los pozos. Pero la lacra sigue.

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