Las iniciativas sobre transparencia anunciadas por el presidente Alberto Fabra no llegarán a todos los rincones de la Generalitat, al menos en lo tocante a los contratos menores, aquellos que por su importe, no precisan de concurso público y que hasta ahora se adjudicaban «a dedo». Queda un espacio, el contenido entre las paredes del palacio gótico de la Generalitat, donde la luz entrará a duras penas. Apenas dos semanas antes de que Fabra anunciara en las Corts que los contratos menores serían divulgados (lanzó su propuesta en la sesión de control del 13 de junio), Presidencia encargó un informe confidencial para detectar una posible fuga interna de información a raiz de que Levante-EMV informara en exclusiva de que el Palau había contratado a un experto en liderazgo político para que le diera clases al presidente. El citado contrato menor, por importe de 17.350 euros, IVA excluído, fue adjudicado sin publicidad a Javier Marigorta. Ese mismo día, el 29 de mayo, el presidente tenía ya en su poder un informe de seguimiento del contrato menor de siete páginas que incluía una propuesta sobre cómo, a partir de ese momento, debían tramitarse los expedientes en Presidencia.
Con el objetivo de «garantizar la confidencialidad de tramitación de expedientes de contratación administrativa futuros» se propuso que sólo cuatro personas tuvieran acceso a los futuros documentos. Con ello, Presidencia trató de tomar medidas para evitar futuras filtraciones. La sensación, instalada en el Palau, de que tenían dentro un espía se acrecentó posteriormente después de que la Asociación contra la Corrupción en la Comunidad Valenciana la entidad que irrumpió en el escena política antes de verano con varias querellas contra Fabra y el número dos del PPCV, Serafín Castellano aireara una factura de teléfono de la Abogada General de la Generalitat, Cristina Macías y la nómina del presidente. Estos episodios, tal como contó este diario, propiciaron una restructuración en el área de Presidencia con el relevo de Jesús Marí, subsecretario de Presidencia y mano derecha del vicepresidente José Císcar, por Rafael Sánchez Pelejero (persona de confianza de Fabra). También se sustituyó a José Busó como secretario general administrativo por Vicenta Grau, funcionaria con fama de mano dura. Ambos recibieron el encargo de aumentar el control en el área de Presidencia y de, llegado el caso, descubrir al supuesto topo.
Pero meses antes, Presidencia ya había tomado medidas para atar en corto el trasiego de documentación en el Palau. El informe confidencial, al que ha tenido acceso este diario, no deja lugar a dudas de la repercusión interna que tuvo en Presidencia la noticia publicada por Levante-EMV. El documento tiene cuatro partes. La primera es un esquema de la tramitación de un contrato menor en el que se señala que departamento interviene en este tipo de expedientes, así como los pasos que se siguen.
El punto dos está centrado en los intervinientes en la tramitación. Se trata de un detallado cuadro con la relación de personas que tienen acceso a los contratos menores. Se especifica el nombre y apellidos, el puesto que ocupan, su situación (alto cargo, asesor, libre designación, etc) y la tarea que realizan. En total se nombran a 33 personas y que abarcan desde la entonces directora de organización y coordinación, Esther Pastor, (de quien partió la propuesta del contrato al entrenador) hasta los ordenanzas que trabajan en el Palau y el personal de la intervención delegada. El redactor del informe desconocido porque nadie asume la autoría del mismo especifica que en los casos de los ordenazas y la Intervención Delegada se desconoce qué personas intervienen de manera exacta en el expediente. El tercer apartado está dedicado a analizar la noticia publicada por este diario y se establece una hipótesis sobre cómo se filtró la información.
El apartado cuarto contiene la propuesta para garantizarse la confidencialidad en futuros contratos. Así se propone asignar a una única persona las tareas propias de la tramitación en cada una de sus fases (contratación, gestión económica, traslado de papeles, entrega de documentación). En total, cuatro personas con nombres y apellidos. El intento de control es tal que de los cinco ordenanzas, se ha escogido a uno para que sólo él haga el traslado entre los distintos departamentos.
