El anulado expediente de regulación de empleo (ERE) en Radiotelevisió Valenciana (RTVV) era presentado como el mayor en una empresa pública en España. A partir de esta semana, hay que hablar de la liquidación más importante de una sociedad pública. La bautizada en octubre como Nou „sometida ahora a su eutanasia„ tenía a mediados de 2012 más de 1.600 empleados (1.628 en unos documentos; 1.695 en otros, en función de los contratos a tiempo parcial que se computaran). Todos irán a la calle en las próximas semanas, una vez que se tramite en las Corts la proposición de ley para la disolución de RTVV SAU, algo que sucederá, si no hay sorpresa, antes de final de mes. Mientras tanto, el nuevo director general, Ernesto Moreno, quien ha gestionado el despido colectivo y la extinción de cinco entidades culturales para crear CulturArts, allanará el camino burocrático y administrativo en la sede de Burjassot.

El día que RTVV baje la persiana se convertirá en la mayor máquina de finiquitos en el panorama audiovisual español. Ninguna otra cadena se le acerca. Ni se espera tampoco que así sea en el plazo medio, porque las grandes corporaciones están planteando redimensiones de plantilla, pero ponderadas.

Solo Telemadrid podría irle a la zaga, si el presidente de aquella comunidad, Ignacio González (también del PP), cumple la amenaza de cerrar también la empresa en el caso de que el Tribunal Supremo estime los recursos de los trabajadores y anule el ERE que eliminó 861 puestos de empleo (de un total de 1.170). A diferencia de RTVV, los tribunales declararon improcedente en primera instancia el despido colectivo en la Corporación Madrileña de Televisión, pero no nulo.

Es significativo el caso de Telemadrid porque su ERE parecía cortado con el mismo patrón que el de Canal 9. En ambos casos, suponían laminar al 73 % de las plantillas. La coincidencia invita a pensar que el ideólogo de estas actuaciones puede tener sobre la mesa el diseño de un mismo final para la corporación madrileña, que arrastra una deuda de 78 millones.

Estos datos representan que de los 3.142 puestos de trabajo perdidos en las televisiones autonómicas, el 52 % corresponderá a RTVV, que hace poco más de un año era la segunda televisión autonómica por volumen de plantilla, detrás de Cataluña (2.642 personas) y con una cifra de empleados pareja a la de Canal Sur (Andalucía).

El panorama de las televisiones autonómicas está dividido en dos grupos bien diferenciados: las históricas, nacidas normalmente con el objetivo de difundir la otra lengua oficial (además del castellano) de las autonomías, y las jóvenes, surgidas por emulación y para equipararse con aquellas. En el primer bloque estarían TV3, ETB (Euskadi), TVG (Galicia), Canal 9 (su ley de creación es de 1984 y empezó a emitir en 1989) y también Canal Sur y Telemadrid, pese a no estar vinculadas a un idioma propio. En el segundo estarían las cadenas de Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Asturias o Aragón, entre otras.

La diferencia de estructura entre unas y otras es más que notable. Las primeras han acumulado volúmenes de plantilla muy superiores. También su modelo de funcionamiento es 100 % público „con subcontratación, eso sí, de producciones a la iniciativa privada„, mientras que en las jóvenes hay diversidad de experiencias de funcionamiento: desde las que su gestión ha sido cedida al completo a una empresa privada (Extremadura), a las que tienen un modelo mixto, de modo que solo conservan los informativos bajo el paraguas de lo público y el resto lo externalizan en bloque o por paquetes (Aragón, Murcia o Canarias).

Todo ello se nota en los presupuestos. Mientras Cataluña aporta 225 millones en 2013 para la Corporació Catalana de Mitjans, Murcia solo pone 7,5, Asturias 19,5 y Extremadura, 24,8, por citar las que menos. En total, la aportación pública este año para las televisiones autonómicas asciende a 910 millones. No obstante, la cifra se refiere a los presupuestos de partida, modificados habitualmente para inyectar fondos con los que compensar pérdidas.

En total, la deuda financiera de las cadenas autonómicas en 2013 alcanza los 1.491 millones. De ellos, casi el 75 % corresponde a la heredada del viejo ente RTVV, que cerró con 1.099 millones (a ellos se le suman otros 200 que adeuda a proveedores).

En ese contexto hay que colocar la amenaza de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal (PP), de privatizar la televisión de la comunidad que gobierna. Hasta ahora dice que no lo ha hecho porque no ha encontrado interés de ninguna empresa dado el momento de recesión.

En el caso valenciano, el cierre de RTVV dejará en el aire un pastel seguro de cinco millones en inversión publicitaria. Esta cantidad es la que llegaba a las arcas de Burjassot a través de los paquetes globales que comercializa la Forta (la federación de televisiones autonómicas).

La porción es lo suficiente suculenta para mover el interés de algún grupo privado, consideran responsables del sector audiovisual valenciano. Sin embargo, el Consell ha manifestado que no entra en sus planes privatizar ni externalizar nada de las cenizas de RTVV (sería una más que posible ilegalidad). Las frecuencias que ahora ocupa Nou son públicas, de forma que quedarán en desuso.

Habrá que ver qué sucede a medio plazo, pues un territorio de cinco millones es atractivo publicitariamente, señalan los veteranos del audiovisual. Los grandes buques (Tres60, Secuoya, Mediapro€) no han movido ficha por ahora e incluso alguno se desmarca por completo de cualquier operación al ser consultado. En todo caso, lo que parece seguro, subrayan las citadas fuentes, es que «de haber un sucesor no será valenciano». Tendrá que venir financiación exterior foránea para arrancar algo, porque la atomizada industria local está bajo mínimos y en estampida tras la debacle de Nou.

El doble «adiós» de los 200 contratados por la adjudicataria

El cierre de Radiotelevisió Valenciana deja colgado el contrato para la externalización de parte de la parrilla, que superaba los siete millones de euros (más IVA) y suponía la realización de 16 programas durante un año por parte de una única adjudicataria (la UTE entre Videac „del grupo Tres60„, Mecomlys y Endora). La intención del equipo de Rosa Vidal era no abonar nada por este contrato, al no estar firmado, a pesar de que el consejo de administración sí lo aprobó. Al margen de posibles reclamaciones de indemnización, abortar el proyecto supone que unas 200 personas no serán contratadas por la UTE. La mayoría de ellas iba a ser extrabajadores de RTVV, ya que el pliego imponía que el 70 %, como mínimo, fueran despedidos de RTVV.