El PSPV también llevará al juzgado a exdirectivos de RTVV por la visita del Papa y la web

Puig presenta el recurso de inconstitucionalidad al entender que el cierre de Canal 9 es ilegal y contrario al Estatut

15.11.2013 | 01:44

Los socialistas valencianos han visitado un par de veces los juzgados en las últimas 48 horas a cuenta de Canal 9. Ayer, para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley para propiciar el proceso de cierre de RTVV. Y el miércoles, para presentar una denuncia contra el ex director general José López Jaraba; el exdirector de antena Fernando Lázaro Quintena y otros exdirectivos de Canal 9 por el pago a la productora Triskel de 532.500 euros por tres documentales, unas cien veces más que el precio de mercado. Esta ha sido la primera pero no la última visita del PSPV al juzgado de guardia para depurar responsabilidades en los contratos de Canal 9 con empresas vinculadas a excargos de la cadena y, especialmente, por pagos que los socialistas consideran desorbitados. Fuentes del PSPV indicaron que los diputados Josep Moreno y Ana Barceló llevarán al juez parte de los contratos audiovisuales de la visita del Papa en julio de 2006, que, por otro lado, ya forman una pieza del sumario de la causa Gürtel.
Denunciarán también el pago de 364.087 euros a las adjudicatarias de la puesta en marcha de la web. En el desarrollo del portal multimedia participaron tres empresas, aunque el papel preponderante fue para Advanced Media Consulting, de un amigo del ex director general López Jaraba. Esa firma cobró 190.000 euros por sus servicios.
Un decreto ley «no justificado»
El líder del PSPV, Ximo Puig, presentó ayer el recurso ante el Tribunal Constitucional contra el cierre de RTVV tal como había anunciado. Puig explicó que el recurso se presenta contra el decreto ley con el que el Consell designó director general y nuevos consejeros ya que entiende que es una norma «claramente ilegal y dictatorial». Según explicó, esa medida modificó tres artículos de la ley 3/2012 de creación de la nueva RTVV vulnerando el 86.1 de la Constitución, donde se establece que un decreto sólo se podrá dictar si hay «extraordinaria y urgente necesidad», condición que en este caso no se dio, según Puig. Los nombramientos se adoptaron sin pasar por las Corts y se vulneró, agregan desde el PSPV, el Estatut, donde se fija que la televisión pública valenciana es una «entidad básica» para el autogobierno.

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