La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias sobre las adjudicaciones de la Epsar que, según el PSPV, fueron realizadas "a dedo" por el exgerente y el exjefe de saneamiento, imputados en el caso Emarsa, ha informado este partido.
La denuncia fue presentada por la diputada socialista Carmen Martínez para que se investigue si se produjo prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, según el el PSPV.
Los contratos por emergencia rozan los 100 millones de euros y las responsabilidades penales pueden alcanzar al exconseller y presidente de Les Corts, Juan Cotino, y la exsecretaria autonómica María Ángeles Ureña, también participantes en el procedimiento, indican las fuentes.
"Nos encontramos que las habituales, y por ello previsibles lluvias otoñales, son las que sirven de peregrina justificación para llevar a cabo la aprobación de contratación a cargo de fondos públicos eludiendo los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia y en consecuencia, eludiendo de forma grosera el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas", señala la denuncia.
La vía excepcional ha sido empleada, según el PSPV, como el mecanismo "habitual y constante" para disponer de fondos públicos "eludiendo los mecanismos de control de la contratación con la administración y las garantías y exigencias de ésta".
Además, se ha incurrido en irregularidades "en la ejecución de los contratos para obras o servicios de emergencia y su liquidación", como sobrecostes o el incumplimiento de los plazos previstos, indica la denuncia.
Carmen Martínez alude a 58 contratos en los que la Generalitat ha pagado por adjudicaciones más de un millón de euros, e incluso en una han rozado los 7 millones de euros.
Se da la circunstancia de que empresas investigadas en el caso Emarsa y en el caso Gürtel han sido beneficiadas por este procedimiento, añade.
Según la documentación a la que ha tenido acceso el PSPV-PSOE, Juan Cotino "firmó seis expedientes entre 2009 y 2010 por un importe de 7,69 millones de euros, y la actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar otros tres por 10,67 millones de euros", mientras que los expedientes anteriores están avalados por el exconseller fallecido José Ramón García Antón.
