El exalcalde de Torrevieja (Alicante) y exdiputado 'popular' en las Corts, Pedro Ángel Hernández Mateo, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que le suspendan el ingreso en prisión por la contrata de las basuras en la localidad hasta que el Ministerio de Justicia resuelva su solicitud de indulto, según ha informado el tribunal valenciano en su Twitter.
Hernández Mateo ha acudido a la sede del TSJCV cerca de las 11 horas en la que estaba citado por la Sala para recoger la orden de prisión en un centro penitenciario. Ha llegado acompañado por su abogado, Vicente Grima, y ni a la entrada ni a la salida del tribunal se ha detenido a atender a los periodistas que le esperaban en la puerta.
Al recoger el acta, el exalcalde ha solicitado que se le suspenda temporalmente la pena de prisión hasta que Justicia resuelva sobre su petición de indulto. Precisamente la pasada semana, tras conocerse la orden de cárcel, desde Torrevieja se inició una campaña vecinal de recogida de firmas para requerir el indulto, a la que se sumaron la mayoría de diputados 'populares' en las Corts Valencianes.
Ahora, el TSJCV, quien ha requerido a Hernández Mateo que cumpla la pena de inhabilitación y se abstenga de ejercer cargo electo, tendrá que resolver sobre esta petición del ex primer edil, según han concretado las mismas fuentes.
La citación en el tribunal valenciano se efectuó la pasada semana, en un auto en el que se declaraba firme la sentencia que condenó al exalcalde torrevejense, ya que el pasado mes de octubre el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa y ratificó el fallo que le imponía tres años de prisión, una multa total de 10.500 euros y siete años de inhabilitación especial para el cargo de primer edil cualquier otro de naturaleza electiva en el ámbito local.
El TS argumentó en su sentencia que el tribunal valenciano "dispuso de pruebas válidas y que su valoración se ajustó a la lógica, a las máximas de la experiencia y no ha vulnerado los conocimientos científicos".
La Sala consideró probado que el Ayuntamiento de Torrevieja, con Hernández Mateo al frente, acordó en julio de 2003 la convocatoria del servicio de recogida de residuos sólidos, transporte a vertedero, limpieza viaria y limpieza y mantenimiento de la costa del término municipal de Torrevieja, "el concurso más importante, o uno de los más importantes, que pretendía llevarse a cabo" por el consistorio, debido a su objeto y trascendencia, así como al importe, un total de 97,8 millones de euros.
CONTRARIO "A LA PRÁCTICA HABITUAL"
Posteriormente, en el proceso de selección de contratista intervino como órgano de asistencia y proposición la Mesa de Contratación, que se acordó que estaría presidida por el primer teniente de alcalde y por cinco vocales, de los cuales cuatro eran técnicos y uno político. Así, en una de las reuniones de este órgano, celebrada el 18 de noviembre de 2003, y que estuvo presidida "contrariamente a la práctica habitual" por el acusado, se procedió a la lectura del informe emitido en el expediente de contratación.
En este sentido, la mesa acordó solicitar diversos informes internos al Departamento de Urbanismo, a Contratación, y a Intervención, para estudio e informe económico de las ofertas presentadas. Finalmente, la secretaria del consistorio presentó un escrito donde hizo constar que "desde el punto de vista jurídico este concurso debería quedar desierto por no haber presentado ninguna de las mercantiles concursantes los mínimos exigidos en el Pliego de Condiciones".
En los días posteriores, Hernández Mateo afirmó haber realizado una triple consulta para adjudicar un contrato de consultoría externa con el que hacer frente a los referidos y contrarios informes internos. La sala del TSJCV apuntó que el exalcalde, para facilitar y conseguir la aprobación de esta propuesta, alteró la composición de la mesa acordándose ese mismo día su incremento en dos vocales, pertenecientes a su mismo partido, con lo que se aseguró el voto favorable y evitó la utilización del voto dirimente.
También entendió el TSJCV que el 16 de abril de 2004, la junta de Gobierno local aprobó por unanimidad proponer como adjudicatario a las mercantiles Necso Entrecanales y Grupo Generala de Servicios Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras, y que, una vez aportada la documentación requerida por las mercantiles propuestas como adjudicatarias, y con dictamen favorable también de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda, Patrimonio, Contratación, Censo y Estadística, del Ayuntamiento, en sesión de 4 de mayo de 2004, se validó por unanimidad la contrata.
