El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado este miércoles en el Congreso que la decisión de cerrar RTVV corresponde únicamente a la Generalitat Valenciana y que "promover cualquier actuación de este tipo" está "lejos" del proyecto del Gobierno de España.

"Eso corresponde al ámbito de decisión política. Eso es así en todas las autonomías de España", ha manifestado el ministro durante la sesión de control al Gobierno al ser preguntado al respecto por el diputado del PSOE Ximo Puig, quien ha aprovechado su cuestión sobre financiación autonómica para interrogar a Montoro sobre su "responsabilidad" en el cierre del ente valenciano.

A este respecto, el titular de Hacienda se ha desmarcado de la decisión del Gobierno valenciano y ha manifestado que "otra cosa" es el deber que tiene el Ejecutivo de "corregir el déficit público garantizando la financiación de los servicios públicos básicos".

"Eso es lo que hacemos desde el Gobierno de España, trabajando con toda lealtad con la Generalitat Valenciana, con Cataluña y con todas las comunidades autónomas. Estamos gobernando para todos, respetando siempre el ámbito de acción y de decisión de cada uno", ha agregado.

Financiación autonómica

El ministro ha asegurado que "si no fuera por el Gobierno de España", comunidades como la valenciana, Andalucía, Cataluña, Baleares o Murcia se habrían "colapsado".

Ha admitido que no tiene dinero para dar cumplimiento a las inversiones que contemplan las disposiciones adicionales de los estatutos autonómicos, y ha insistido en que se debe se debe destinar el dinero a las que son "prioritarias" para el Estado.

"Lo que me falta es dinero, no tengo dinero para dar mayor dotación a esas disposiciones adicionales de los estatutos", ha reconocido Montoro en la sesión de control del Congreso en su respuesta al diputado del PSOE Antonio Hurtado.

Hurtado ha señalado que el Gobierno debe a Andalucía 1.200 millones de euros para inversiones que, si le abonase, harían que esta comunidad no tuviese que recurrir ni al Fondo de Liquidez Autonómica ni al plan de pago a proveedores.

El ministro ha replicado que el Ejecutivo trabaja con la Junta para garantizar la financiación de la educación, la sanidad y las prestaciones sociales, y "si no fuera por el Gobierno de España" esta comunidad "habría colapsado", al igual que otras "como Cataluña, Baleares, Murcia o Valencia".

En el debate, Antonio Hurtado ha pedido al ministro que explicase por qué el Gobierno no paga a Andalucía la deuda que le debe -ha aportado diversa documentación para probar dicha deuda- y Montoro le ha reclamado que no mezclase "churras con merinas" porque la deuda histórica está saldada.

En lo referente al cumplimiento del Estatuto andaluz en materia de inversiones, Montoro ha recordado que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán ponía en cuestión esas disposiciones adicionales porque pueden "sustraer la capacidad de las Cortes Generales" a la hora de decidir las inversiones para el Estado.

Además, Montoro ha insistido en que la inversión se tiene que destinar a proyectos "prioritarios", pero no se puede poner más dinero para inversión pública en las comunidades cuando lo importante es "preservar" los servicios "fundamentales".

Por eso "estamos trabajando con la Junta para que estos servicios no padezcan demasiado como consecuencia de la crisis".

Las explicaciones del ministro no han convencido al diputado socialista, que ha acusado al Gobierno de aplicar una política "de castigo" con Andalucía porque no gobierna en esa comunidad.

Aunque el ministro dice que no tiene dinero "parece que le sobra", ha dicho Hurtado, que ha lamentado que el Ejecutivo le diera "61.000 millones de euros" a la banca en lugar de destinarlo a "salvar" los servicios básicos.

"Le falta voluntad política y le sobra voluntad de castigar a Andalucía, porque no está gobernada por ustedes y no se lo perdonan a los andaluces, y su voluntad es una auténtica voluntad de castigo", ha añadido.

El diputado socialista ha pedido al ministro que convoque la comisión bilateral con Andalucía para concretar el calendario de pago de la deuda contraída con esa comunidad.