La Audiencia de Valencia deliberará la próxima semana sobre la posible excarcelación del único condenado por el triple crimen de Alcàsser, Miguel Ricart, en aplicación de la 'doctrina Parot', según ha anunciado hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ya ha recibido los escritos de todas las partes con las alegaciones sobre la aplicación de la 'doctrina Parot'.
La Fiscalía Provincial de Valencia no se opone a la excarcelación de Miguel Ricart frente a las tesis de la acusación particular que ejerce Rosa Folch, madre de una de las tres niñas asesinadas, los padres de otra de las víctimas, y la acción popular que ejerce la Asociación Clara Campoamor.
El pasado 13 de noviembre la Audiencia Provincial de Valencia pidió a las partes personadas en este proceso que se pronuncien sobre la conveniencia de aplicar la 'doctrina Parot' a Miguel Ricart.
El pasado mes de octubre la Audiencia de Valencia reclamó al centro penitenciario en el que cumple condena Ricart información sobre la liquidación de la condena, para estudiar precisamente cómo podía afectar a este condenado la derogación de la doctrina Parot.
Torres-Dulce: "Las Fiscalías activan protocolos de protección"
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado hoy que todas las fiscalías de España tienen las indicaciones de activar protocolos de conexión con las Fuerzas de Seguridad del Estado para adoptar medidas de prevención ante el proceso de excarcelación derivado de la anulación de la doctrina Parot.
Torres-Dulce ha hecho estas declaraciones en Valencia, donde ha presidido el acto de toma de posesión del cargo del nuevo fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Antonio Montabes.
Se trata de una especie de "advertencia" para que los Cuerpos de Seguridad "valoren" y "supervisen" las situaciones peligrosas, ha explicado.
"Nosotros ponemos en conexión estos datos -excarcelaciones- con todos los que recibimos de centros penitenciarios que valoran las conductas y la posibilidad de reinserción", según Torres-Dulce.
Preguntado por si este protocolo supone una especie de vigilancia, el fiscal general del Estado ha respondido: "No estrictamente".
Ha explicado que la Fiscalía pone en conocimiento y que la decisión de cómo se lleva a cabo le corresponde estrictamente a las fuerzas policiales, según ha precisado.
