El presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ramon Ferrer, aprovechó ayer la víspera del trigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià para reclamar «la elaboración de una ley más actual» que ayude a potenciar y normalizar el uso social del valenciano. En la apertura del simposio que la AVL celebra en conmemoración de la norma, Ferrer alabó la aprobación en 1983 de la ley que dotó de rango oficial a la lengua de Ausiàs March y posibilitó su entrada masiva en las aulas de forma legal después de sufrir 40 años de castellanización bajo la dictadura franquista y los efectos de casi una década de la Batalla de Valencia y su conflicto lingüístico. Sin embargo, el presidente de la Acadèmia se mostró partidario de «considerar la elaboración de una ley más actual». La Llei d'Ús es «ampliamente respetada y constituye una garantía de estabilidad», admitió Ramon Ferrer. «Pero no es menos cierto que la sociedad actual no es la misma de hace treinta años y que el futuro no será como nuestro presente», reivindicó el académico como justificación a su propuesta.
La demanda de una norma legal que supere la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià es novedosa y con unas implicaciones de gran relevancia. Aquella ley de 1983 fue aprobada con los votos favorables de socialistas y comunistas y obtuvo la abstención final de una Alianza Popular que durante todo el proceso se había mantenido en contra de que el valenciano fuera una asignatura obligatoria en las aulas al preferir su carácter optativo o voluntario. Pero no hubo ningún voto en contra. Aquella ley fue el inicio oficial del proceso de normalización lingüística. Desde los ámbitos más comprometidos con el valenciano nunca se ha cuestionado que el marco legal haya de cambiar. Más bien, la queja histórica ha sido que esta ley que regula los derechos de los ciudadanos a utilizar el valenciano ha tenido un desarrollo desigual. Es decir: la ley era válida, pero faltaba ambición política para desarrollar todo su potencial.
Ahora, el presidente del único organismo competente en la regulación del valenciano pide abrir un melón lingüístico que exigiría un gran pacto político para garantizar su solidez. Ramon Ferrer alternó la claridad expositiva con una ambigüedad propositiva calculada. Afirmó: «En estos 30 años, la ley ha dado sus frutos. Para unos, han sido suficientes para la pervivencia de la lengua en el conjunto de la sociedad. Para otros, han sido insuficientes por la falta de interés a la hora de dotar la escuela de un mayor número de líneas en valenciano». Cabe recordar que en este curso académico estudian en valenciano 235.970 alumnos, el 30 % de los estudiantes de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP de los centros educativos públicos y concertados de la Comunitat Valenciana.
El presidente de la AVL subrayó que «los beneficios en el ámbito educativo, aun siendo importantes, no pueden ser la única piedra angular sobre la que descanse la recuperación de nuestra lengua». A ese proceso, dijo, «se han de incorporar con entusiasmo los políticos que nos representan, los medios de comunicación de propiedad empresarial, la Administración, las iglesias y las industrias culturales y de ocio para contribuir, entre todos, a consolidar unos modelos de conducta lingüística que desemboquen en la consecución de un uso normalizado del valenciano en el conjunto nuestra sociedad».
Ferrer lanzó otra propuesta concreta. El presidente de la AVL afirmó que «el requisito lingüístico» para acceder a la Administración valenciana como empleado público «se ha de resolver» como se ha hecho recientemente con la catalogación de las plazas docentes en Secundaria. Porque el objetivo de la AVL, o la «obsesión», como la calificó su presidente, es «recuperar el uso social del valenciano». «Hay que reforzar la presencia del valenciano en el espacio público», insistió Ferrer, al tiempo que reclamó alejarse de «triunfalismos» en la valoración de lo conseguido en tres décadas.
Contra el cierre de RTVV
El presidente de la Acadèmia reclamó que el valenciano pierda los «estigmas» sociales en algunos ámbitos y criticó de forma contundente el «ataque a la lengua» que supone el anuncio de cierre de RTVV decretado por el Consell. A su juicio, la Comunitat Valenciana necesita «unos medios públicos en valenciano que faciliten la comunicación entre los ciudadanos de la comunidad y la vertebración del territorio desde Vinaròs a Orihuela». En el final de su alocución, arengó al espíritu de la Llei d'Ús plasmado en su preámbulo. «La lengua valenciana sostuvo es parte sustancial del patrimonio cultural de toda nuestra sociedad, y la recuperación y extensión de su uso como uno de los factores de reencuentro de nuestra identidad como pueblo nos pertoca a todos los valencianos».
El foro que la AVL organizó ayer en la Politécnica y que continúa hoy concluyó su sesión matutina con una mesa redonda centrada en el valenciano y los poderes públicos en la que participaron Lluís Aguiló, Josep Ochoa y Joaquim Bosch. Los ponentes lamentaron la presencia puramente testimonial del valenciano en el resto de la Administración, razón por la cual se está aún lejos de una cooficialidad plena.
