El caso Cartagena vuelve a reactivarse tras cinco años de inanición. El juzgado que tiene abierta la causa contra el exconseller y exalcalde de Orihuela, Luis Fernando Cartagena, por un presunto fraude fiscal por el llamado caso de las cesiones de crédito ha ordenado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, una investigación del patrimonio del acusado para confirmar si éste es insolvente ante la fianza de 600.000 euros a la que debe hacer frente y ante la que se ha venido declarando insolvente. El fiscal solicitó a la juez que instara a la Policía Judicial a investigar cuál es el patrimonio real del exalto cargo del Partido Popular, dado que el imputado se ha centrado en la vida empresarial tras su abandono de la política, precisamente por su imputación en este caso, con puestos responsabilidad en empresas. Contra la decisión cabe recurso.

La diligencia se ha ordenado a raíz de que el fiscal haya vuelto a presentar su escrito de acusación, después de que la Audiencia anulara hace tres años la última fase de la instrucción. La Fiscalía solicitaba tres años de cárcel por este delito, así como una multa por importe dos millones de euros. La fianza se pide para garantizar el pago de este dinero. Hace un año otro juzgado de Valencia ha abierto juicio oral contra Cartagena por su presunta implicación en la macrocausa por fraude fiscal en la mercantil Metrored y donde le piden otros cinco años de cárcel más. En 2002 Cartagena fue condenado a cuatro años de cárcel por quedarse el dinero de la donación de unas monjas cuando era alcalde de Orihuela, condena por la que apenas pasó tres meses en prisión en 2008.

Tras pasar por el Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Nacional, el caso Cartagena ha terminado en un juzgado de Orihuela. El proceso arranca entre los años 1987 y 1991 cuando el Banco Santander ofreció a sus clientes un producto que era opaco al fisco, llamado cesiones de crédito. Cerca de 8.000 clientes con un volumen de negocio de 2.600 millones de euros realizaron más de 47.000 operaciones a través de este producto. Entre los años 1993 y 1996, la Agencia Tributaria dio un plazo para que los titulares de las primas únicas regularizaran su situación. Entre los que no lo hicieron, se encontraba Cartagena, que siempre ha negado que el dinero fuera suyo, ya que el dinero estaba en cuentas a nombre de otra persona. La Audiencia Nacional, que en 2006 archivó el caso para los directivos del banco, envió numerosas piezas separadas para que en sus respectivos territorios se investigara el fraude fiscal.

El caso sufrió un revés después de que hace tres años la Audiencia Provincial anulara los últimos pasos de la instrucción para que se incluyeran en la causa la documentación sobre el proceso que fue archivado en Madrid a los directivos del banco. El próximo paso es que la magistrada abra juicio oral y se remita el caso un juzgado de lo Penal para ser enjuiciado.