Miguel Ricart ya , el único condenado por el triple crimen de Alcàsser, cruzó la barrera hacia la libertad a las 17.43 horas de ayer, después de 20 años, 10 meses y dos días de prisión ininterrumpida. Lo hacía en virtud de una providencia de la Audiencia de Valencia que le sacaba de prisión gracias a las sentencia de Estrasburgo que derogaba la doctrina Parot.
Escondido tras un pasamontañas que sólo le dejaba visible los ojos, enfundado en un anorak blanco con las letras «Freedoom» „del inglés «freedom», libertad, aunque con error ortográfico„, unos vaqueros, deportivas negras y notablemente más fuerte „confiesa que lleva 20 años dedicado a las pesas„, atraviesa el último metro bajo el rumor incesante de los disparos de los fotógrafos. Sólo lleva una pequeña bolsa de viaje negra y una mochila azul cruzada a la espalda.
La sentencia europea ha puesto en la calle a más de medio centenar de terroristas, violadores y asesinos. Con ninguno ha habido el dispositivo policial que ha merecido Ricart. Tampoco la batería de cámaras de televisión „por mor del Consell, Canal 9 tuvo que faltar a la cita„, fotógrafos de prensa escrita, micrófonos de radio y periodistas armados de libreta y móvil.
Dos vehículos de la Guardia Civil custodiaban el pasillo por el que llegaría a la garita de seguridad en la que firmó el último papel hacia la libertad. El taxi al que avisó desde el interior de la cárcel aguardaba con el maletero pegado a la barrera de seguridad. Privilegios que el resto de excarcelados violentos no ha tenido.
Comienza el acoso, las preguntas, las carreras y los «flashazos». Se muestra nervioso, huidizo y mudo. Apenas dos contenidos «por favor» salen de su boca ante el acoso de los medios antes de que consiga entrar a empujones en el taxi.
El conductor recorre la docena de kilómetros hasta la estación de tren de Manzanares. Ricart, como todos los excarcelados que lo piden, lleva un billete sin destino válido para viajar a cualquier parte del país. En la estación, pide al taxista que lo saque de allí, acorralado de nuevo por los periodistas. Busca desesperadamente el anonimato, pero la sombra mediática del caso Alcàsser es demasiado alargada.
Bajo protección policial
La situación acaba con la intervención de la Guardia Civil, requerida por el taxista. El mundo al revés: el mismo hombre llevado a prisión por la Benemérita, protegido por seis guardias civiles que tratan incluso de impedir la entrada de los periodistas. Intento estéril.
Todos acaban dentro, persiguiendo a Ricart, que, arrinconado, llega a enarbolar un palo que recoge del suelo tras cruzar las vías a la carrera. Los agentes lo rodean y lo custodian hasta el andén. Ni siquiera sabe adónde va. Sólo quiere quitarse de enmedio.
Sin rumbo, desorientado, no formaliza el billete. No sabe siquiera adónde ir. Con los brazos cruzados, de pie e inmune al acoso de las televisiones aguanta una hora y acaba por subirse al primer tren que pasa: un Alvia a Jaén. Con él suben media docena de periodistas. Los pasajeros intuyen la excepcionalidad, pero aún no saben que quien se esconde tras ese pasamontañas es Miguel Ricart.
Cuando desciende en la estación Linares-Baeza se reproduce la persecución, que sólo cesa con la intervención de dos patrullas de la Policía Nacional. Miguel Ricart, que se baja por primera vez el pasamontañas y deja ver el mismo rostro repetido hasta la saciedad en el juicio, pero con el evidente paso del tiempo marcado en su expresión, acaba dentro de un coche policial camuflado que le lleva lejos de los focos. Y ni siquiera ha cometido un delito.
La Fiscalía activa el protocolo de vigilancia
El Ministerio del Interior establecerá, a instancias de la Fiscalía, las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana tras las excarcelaciones de presos terroristas, violadores y asesinados producidas por la anulación de la retroactividad de la doctrina Parot.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, subrayó que el Gobierno es consciente de la «alarma social y rechazo social» que están produciendo estas situaciones. Asimismo, explicó que las medidas de libertad vigiladas sólo son posibles desde el año 2010. «Estamos coordinados con la Fiscalía para establecer las medidas en el marco de la ley necesarias para garantizar la seguridad de la gente», aseguró.
