EL DESMANTELAMIENTO DE UN RÉGIMEN (III)

El arquitecto de las tramas clientelares

Blasco se sentará en el banquillo por el saqueo de fondos de Cooperación tras haber urdido varias redes al servicio del PP en el movimiento vecinal, ONG y en la política

05.12.2013 | 05:30
Rafael Blasco
Rafael Blasco

El segundo «entierro» de Blasco. Lonerson, Favcova, PSD, Cooperación. Son los casos Blasco, quien, en realidad, es un caso en sí mismo. Levante-EMV ha ido relatando las tramas auspiciadas por el exconseller para minar los flancos críticos y darle al PP rédito en forma de clientelismo. De paso, se cobraba su comisión política de influencia. El fiscal de la causa de las ONG, por la que será juzgado, investiga si se llevó otro tipo de comisión.

"Estoy dispuesto a trabajar con cualquier partido para echar al PSOE". Rafael Blasco hizo esta declaración de principios en enero de 1995. Eduardo Zaplana lo fichó y, nada más llegar al Palau, lo nombró subsecretario. Incorporó a un profundo conocedor del enemigo. No en balde, Lerma lo echó del Consell el día de los Santos Inocentes de 1989. Blasco nunca fue «uno de los nuestros» ante la derecha con pedigrí. Ni cuando se afilió al PP en julio de 2004. El siete veces conseller, con cuatro presidentes y dos partidos, hizo su contribución a la estrategia de patrimonialización de las señas de identidad que tan bien diseñó el régimen para apuntalar su hegemonía social. Lo valenciano era el PP y el PP era lo valenciano. Era la perversa metonimia.

Su aportación más decisiva consistió en dinamitar a los agentes de la sociedad civil que pudieran contestar la acción del Consell. Así fuera el movimiento vecinal o de ONG. Su mano meció la cuna de unos cuantos casos de presunta corrupción y clientelismo que fueron contados en estas páginas. Algunos (caso PSD, Favcova o Lonerson), sólo en estas páginas. Estos turbios asuntos comparten protagonistas „es la denominación de origen de la factoría Blasco„ y emparentan, con relaciones causa-efecto, hasta con Gürtel. La agenda del número dos de Correa y exsecretario de organización del PP gallego, Pablo Crespo, da buena prueba cuando refiere una reunión con Ricardo Costa, «el presi Camps», Vicente Rambla y Víctor Campos. Año 2006. Página 124. Asunto: «Nuevo partido político con gente del PSOE de buen cartel. Es un montaje de ellos [del PP]. Necesitan ayuda económica».

La formación a la que aludía Crespo es el Partido Social Demócrata (PSD). Nació para dividir más a la izquierda. Levante-EMV fue desentrañando sus conexiones con el entramado vecinal Favcova (Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana) impulsado desde la sombra, aunque él siempre lo negó, por el exconseller y su hermano Bernardo Blasco. «El Consell da 4,2 millones a entidades afines al PP para quitar votos al PSPV». El 25 de febrero de 2007, en precampaña de las autonómicas, se dedicaron dos páginas de apertura a explicar las subvenciones que, para cursos de formación e inserción laboral, estaba recibiendo Favcova, que ya desde 1999 se había significado a favor del PP, por ejemplo en actos protrasvase del Ebro. Los exsocialistas Carlos Ruiz y Fernando Piera eran vicepresidente y secretario de la entidad vecinal que recibió las cuantiosas subvenciones, a menudo sembradas de irregularidades y pintorescas. Un directivo llegó a firmar un convenio consigo mismo, desde dos asociaciones distintas para poder cobrar 417.000 euros de subvención. Otra vez intentaron justificar 41.510 euros como gastos de alquiler de material de oficina y fotocopias.

Agujero en el Servef
El Servef reclamó la devolución de 217.000 euros no justificados, pero Favcova no retornó los fondos. Fue la noticia con la que abría este periódico el 22 de febrero de 2005. Pese a ser deudora de la Administración siguió recibiendo ayudas.

El PSD nació a finales de 2006. Compartía con la entidad vecinal recursos y personal. También, la fuente de inspiración: el blasquismo que alumbró el PSI en la Ribera en 1993 tras la defenestración de Blasco como conseller de la Coput socialista.

La convención fundacional se celebró en el Hotel las Arenas (un cinco estrellas) el 4 y 5 de noviembre de 2006. Asistieron 355 delegados y 67 invitados. El partido no alcanzó grandes éxitos en los comicios de 2007, pero allí donde logró representación y tuvo ocasión demostró cuáles eran sus intenciones. En 2008 favoreció con su voto sendas mociones de censura para desalojar al PSPV de las alcaldías de Dénia y Calp. El entonces presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, colocó a Carlos Ruiz como asesor provincial de Bomberos, en pago de favores.

TINGLADO DE ONG
Unos 4 millones para el Tercer Mundo se quedaron en Valencia
La misma estrategia del divide, subvenciona y vencerás que aplicó a los vecinos, el exconseller Blasco la ejecutó en el mundo de las ONG como conseller de Solidaridad y Ciudadanía. Impulsó la Federación de Asociaciones para el Codesarrollo (Fedacod) y partió así en dos la Coordinadora Valenciana de ONG, a la que no le salieron gratis sus constantes denuncias de la política de recortes en cooperación, como se contó en estas páginas el 20 de septiembre de 2010.

Todas las parcelas montadas o cultivadas por el exconseller estaban gestionadas por los mismos protagonistas. Uno de los organizadores del citado PSD se llama Adolfo Soler. Cerró. Al igual que Bernardo Blasco o que Augusto César Tauroni, militó activamente en Unió Valenciana. Soler acompañó a Tauroni en la cúpula del entramado de ONG utilizado presuntamente para desviar fondos de Cooperación a consultoras de sus dirigentes. Un asunto que mandó a Tauroni y ahí sigue desde febrero de 2012.

«El Consell otorgaba subvenciones a las ONG que el entramado señalaba», «La conselleria de Blasco auspicia una red de ONG que desvía dinero de cooperación a empresas afines»... Son algunos de los titulares que mandaban en portada en los primeros días de octubre de 2010. La conselleria de Blasco repartió 4,4 millones de euros en subvenciones a una trama de ONG liderada por la Fundación Solidaria Entre Pueblos. Empresas montadas por dirigentes de esta matriz, como la consultora Dinamiz-e, del citado Soler, o Arcmed, de Alfonso Navarro, se habrían llevado 1,5 millones por supuestos servicios facturados a las ONG beneficiarias pero que nunca se realizaron. Esta pieza del caso Cooperación suma unos 40 imputados. Entre los fondos desviados figuran ayudas destinadas a la construcción de un hospital en Haití.

Los fiscales sospechan que las numerosas entregas de sobres al conseller y a su secretaria, realizadas por el propio Tauroni y por personal de la fundación matriz de la trama en zonas cercanas a las Corts, podrían contener dinero.

La segunda de las piezas, que en el sumario es la primera y por la que hay 9 encausados, tiene que ver con el desvío de 1,8 millones concedidos a la Fundación Cyes para construir pozos en Nicaragua. El dinero se transformó en dos pisos, un entresuelo y un garaje en Valencia. Apenas llegaron 43.000 euros al país centroamericano, según detallaba la jueza Pía Calderón en el auto de apertura de juicio oral.
El 14 de octubre de 2010 se publicó a toda página información sobre las trayectorias de algunos protagonistas del escándalo de las ayudas al Tercer Mundo, como Adolfo Soler o Navarro.

En el banquillo, el 7 de enero
Si hubiera una cátedra sobre supervivencia sería para Blasco. No en balde se doctoró en riadas, ya de niño, en la ribera del devastador Xúquer. El 7 de enero asistirá a su segundo entierro, tras haber superado el primero en julio en 1991, cuando fue absuelto del primer Caso Blasco. Se sentará en el banquillo por la pieza relativa a los fondos de Nicaragua. Fiscalía Anticorrupción pide 14 años de prisión y el Consell, personado en la causa, 11. Fraude en las subvenciones, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos y falsedad documental, son algunos de los delitos que se le imputan.

La Generalitat se ha personado como acusación porque Blasco dejó de servir al PP tras seis trienios de levantar enredos clientelares con presuntos saqueos. El pasado 25 de junio se fue del grupo popular horas antes de que lo expulsaran. Y pasó a ser un «no adscrito». El único carné político que le faltaba al camarada «Víctor» „nombre de guerra en la clandestinidad del FRAP„ tras evolucionar desde el PCE (Marxista-Leninista) al PP, pasando por el PSPV. Un apátrida parlamentario al que el PP le cedió el ático como despacho. Porque nadie conoce mejor la canalización de los desagües que el arquitecto.

CASO LONERSON
Viejos conocidos que en 2001 ya recibieron contratos de Blasco a través de una firma «dormida»
Tanto Soler como Tauroni eran viejos conocidos de los Blasco y de los lectores de este diario. Distintos escándalos compartían actores. «El número 2 de la red de ONG dirige la firma al que Blasco adjudicó el teléfono de las maltratadas en 2001», rezaba la portada de Levante-EMV del 11 de octubre de 2010. Cuando estalló el caso Cooperación, Soler Sempere seguía en Lonerson Trade S. L., firma que en 2002 se llevó la concesión, por 6,7 millones para tres años, de los centros «Mujer 24 Horas» de atención a las mujeres maltratadas.

Logró el contrato en UTE con Tissat en 2001, siendo Blasco conseller de Bienestar Social. Lonerson era una firma «dormida» y comprada ocho meses antes para ser activada. Pese a ello, logró uno de los contratos más suculentos en el departamento de Blasco. Detrás de Lonerson estaba Tauroni, como demostró este diario el 18 de mayo de 2002. Tauroni había sido socio de Bernardo Blasco en la empresa hortofrutícola Grupo Alpecine. La empresa dormida compartía recursos y sede social con General de Comunicaciones y Servicios (GCS), dedicada a servicios informáticos y administrada por Tauroni.

GCS facturó dos proyectos a Bienestar Social (publicado el 10 de abril de 2002) por 223.000 euros. El primero le fue adjudicado en enero de 2001. Era la atención telefónica al mayor. El segundo tenía que ver con la prestación del servicio técnico informático en la sede central de la conselleria. Fueron procedimientos abiertos con tramitación urgente. Antes que esos contratos, Blasco sacó a concurso la gestión de 73 geriátricos. Cuatro fueron parar una UTE administrada por el secretario del Ayuntamiento de Carlet y afín a Blasco, Joan Ramon Ferris.

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